¡Colabora con nosotros!

tuderechoasaber.es bloga eta tweetak

“No tenemos esa información”. Respuesta del Congreso al pedirle sus Presupuestos, ya aprobados, de 2015

2014(e)ko Azaroak 12-ean Javier de Vega-k idatzia.

Como ya hizo con los de 2013, David Cabo solicitó hace pocos días al Congreso de los Diputados una copia de sus presupuestos correspondientes al año 2015. Se trata de un documento detallado que incluye el desglose completo -a nivel de artículos, conceptos y subconceptos- que la Mesa del Congreso aprobó el pasado 23 de septiembre. En 2013 esta misma solicitud fue denegada por la Cámara,  y el documento, en vez de por vías de transparencia, solo ha llegado a conocimiento público mediante filtraciones parciales a la prensa. Lo contamos en su día en este post y decidimos hacer públicas estas cuentas, que el Congreso insistía en esconder. David incluso llevó la opacidad de las cuentas del Congreso, en contraste con lo que ocurre en otros países, a la televisión:

El contexto, esta vez, es diferente. Esta vez la solicitud de David llega en medio de un debate social alrededor de la opacidad y la falta de mecanismos de fiscalización con la que el Congreso y el Senado han gestionado los viajes de los diputados. Se produce, además, a poco menos de un mes para la entrada en vigor (para la Administración General del Estado) de la Ley de Transparencia, en un momento en que tanto dentro como fuera de la Cámara se suceden declaraciones de representantes públicos sobre lo necesario de abrir la información que generan las instituciones a cualquier ciudadano. Además, la información solicitada por David tendrá que ser pública el próximo 10 de diciembre según dispone la ley, por lo cual, cabía esperar cierto grado de buena voluntad para facilitar ahora el documento. Al contrario, como es la falta de voluntad lo que acaba acaba siendo el obstáculo determinante cuando hablamos de auténtica transparencia, el Congreso ha respondido que no dispone de la información solicitada.

Captura de pantalla 2014-11-12 09.27.55

 

0 iruzkin

Entendiendo la ley de transparencia II: ¿Qué instituciones deben aplicarla y cómo?

2014(e)ko Azaroak 11-ean Victoria Anderica-k idatzia.

En este post vamos a analizar qué instituciones deberán aplicar nueva norma sobre transparencia y hasta qué punto deberán hacerlo. La Ley de Transparencia es bastante confusa al definir en los artículos 2 y 3 los sujetos que están obligados a cumplirla, pero sobre todo genera confusión cuando intentamos entender qué obligaciones de transparencia tendrá cada uno de estos sujetos; ahí está la trampa: no todos deben ser igual de transparentes.
En la siguiente tabla hemos indicado las distintas obligaciones que establece la ley y las instituciones obligadas a cumplirlas. Encontramos dos tipos de obligaciones: la de publicar proactivamente información y la de responder a solicitudes de los ciudadanos. Veremos que no todas las instituciones mencionadas en esta ley deben cumplir con ambas obligaciones.

¿Qué obligaciones tienen las diferentes instituciones? by tuderechoasaber

En tuderechoasaber.es vamos a publicar una serie de posts en los que vamos explicar en qué consiste realmente la Ley de Transparencia para que, así, estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014. El resto de posts  pertenecientes a esta serie los puedes encontrar aquí:

0 iruzkin

El decreto del Consejo de Transparencia llega al BOE con ocho meses de retraso y sin mejoras

2014(e)ko Azaroak 5-ean Eva Belmonte-k idatzia.

  • Tenía que haberse publicado antes del pasado 10 de marzo
  • El presidente será elegido por mayoría absoluta
  • No exige ‘reconocido prestigio’ a los miembros de la Comisión
  • Los presupuestos de 2015 incluyen 1,9 millones para este órgano

Screen Shot 2014-11-05 at 10.05.58
La Ley de Transparencia y Buen Gobierno, aprobada hace casi un año, establecía que el Gobierno debía aprobar en un plazo de tres meses el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, el organismo encargado de asegurar que se cumplan los requisitos de transparencia y de proteger el derecho de acceso a la información pública de los ciudadanos. Esa plazo legal se cumplió el pasado mes de marzo, pero no ha sido hasta hoy que el BOE recoge, con ocho meses de retraso, este decreto.

El Gobierno alegó, en declaraciones a Europa Press, que se trataba de un retraso “deliberado”, ya que no tenía sentido crear el organismo y nombrar a su presidente antes de la entrada en vigor de las obligaciones de transparencia que marca la ley para la Administración General del Estado, esto es, el próximo 10 de diciembre. En realidad, la excusa no es válida: podían haber cumplido la obligación legal que ellos mismos incluyeron en la norma, ya que la aprobación del Estatuto no implica que el organismo se ponga a funcionar al día siguiente ni mucho menos tiene relación con el nombramiento de su presidente, que no se incluye en este texto. De hecho, el decreto, aunque ha sido publicado hoy en el BOE, incluye una disposición que retrasa su entrada en vigor hasta el próximo 10 de diciembre.

Independencia del Consejo y su presidente

El documento aporta pocas novedades respecto a las funciones, sistema de nombramiento y organización del Consejo de la Transparencia con respecto a lo que ya adelantaba la ley. El presidente será propuesto por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, refrendado en comisión en el Congreso por mayoría absoluta y nombrado por el Gobierno por Real Decreto para un plazo de cinco años. La persona elegida deberá contar con “reconocido prestigio y experiencia profesional”, un requisito que, como es habitual en este tipo de organismos independientes, no se detalla (¿cuánto años de experiencia? ¿en qué ámbitos concretos?). Además, el decreto no prohíbe que el presidente de este organismo tenga vínculos políticos, una de las recomendaciones de la sociedad civil para asegurar su independencia.

El hecho de que solo el Ministerio de Hacienda pueda proponer al candidato y la elección por mayoría absoluta en el Congreso permite que el Gobierno actual pueda elegir y nombrar al presidente que quiera sin necesidad de contar con el apoyo de ningún otro grupo parlamentario. Ante una pregunta sobre este asunto en el pasado Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría argumentó que se trata del mismo sistema que se utiliza para otros organismos independientes y que el PSOE también lo utilizó cuando gobernaba: “Yo le invito a que se repase cómo se produce el nombramiento de los principales órganos reguladores en el ámbito de nuestro Derecho, con leyes que, unas, las ha aprobado el Gobierno del Partido Popular y, otras, Gobiernos del Partido Socialista”. Si hacemos caso de las palabras de la Vicepresidenta y repasamos la composición de otros organismos independientes nombrados de forma similar, encontramos altos niveles de politización (RTVE, el CSN, el Tribunal Constitucional…).

Además del presidente, el organismo contará con dos subdirecciones generales (una de ellas centrada en atender las reclamaciones y otra en vigilar que se cumplan las obligaciones de publicidad activa), que estarán lideradas por dos funcionarios de carrera. Y con la Comisión de Transparencia, un  organismo que se reunirá, al menos, una vez al mes, y que tiene mucho menos peso en sus funciones que el del presidente.

La Comisión estará formada por un representante propuesto por el Tribunal de Cuentas, otro por el Defensor del Pueblo, otro por la Agencia Española de Protección de Datos, otro por el ministro de Hacienda en representación de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas y otro por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. A estos cinco vocales propuestos por entidades públicas se sumarán un diputado y un senador escogidos por Congreso y Senado, aunque el decreto no aclara cuál será el procedimiento para elegirlos.

En este caso, no es que la vinculación política no se haya prohibido para asegurar su independencia, es que se establece por ley. Los miembros de esta comisión serán nombrados por el Gobierno y a ellos no se les exige, como al presidente, “reconocido prestigio y experiencia profesional”.

Presupuesto: 1,9 millones

El decreto, como ya lo hizo la ley, aclara que la creación de este organismo no supone incremento neto de la estructura pública ni de personal, sino una “redistribución” de efectivos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, al que está adscrito. En concreto, los Presupuestos Generales del Estado para 2015 cuentan con un presupuesto de casi 1,9 millones destinado a “evaluación de la transparencia de la actividad pública”. De estos, más de un millón están destinados al pago de los salarios de los funcionarios que trabajen en el Consejo de la Transparencia. El presidente, por su parte, tiene asignado un sueldo de 54.640 euros anuales. Los miembros de la Comisión no recibirán salarios ni tendrán dedicación exclusiva.

El Estatuto establece, además, que las resoluciones del Consejo se publicarán en el Portal de Transparencia (del que aún no se conocen detalles) y que presentará ante el Congreso y publicará en el BOE una memoria anual que detalle el cumplimiento de la ley por parte de las administraciones públicas. El organismo deberá “articular mecanismos de participación” ciudadana, afirma el documento, que no aclara qué mecanismos ni cómo se pondrán en marcha.

El decreto no cumple con los estándares internacionales para para garantizar su independencia y eficacia (miembros profesionales, prohibición de vínculos políticos, poder suficiente para asegurar el derecho de los ciudadanos frente a las administraciones…), que detalló Access Info Europe. Así, su funcionamiento se aleja de las buenas prácticas registradas en organismos análogos de países como Escocia, Chile o Reino Unido.

A casi un mes de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno tiene deberes pendientes: nombrar al presidente del Consejo y publicar el reglamento de la norma, un documento clave si tenemos que cuenta que algunas de las excepciones al derecho de acceso a la información (defensa de intereses económicos, el “secreto requerido en procesos de toma de decisión”) son poco concretas y, por lo tanto, fomentan una aplicación arbitraria del derecho de acceso a la información pública.

0 iruzkin

La coronación de Felipe VI costó más de 170.000 euros al Gobierno

2014(e)ko Urriak 25-ean Eva Belmonte-k idatzia.

20140619_recorrido_oficial_2

Patrimonio Nacional, dependiente del Ministerio de Presidencia, gastó exactamente 169.660,21 euros en las ceremonias de abdicación de Juan Carlos I y coronación de Felipe VI. El desglose, como se detalla en la respuesta del Gobierno a una pregunta formulada mediante Tu Derecho a Saber, incluye 64.434 euros en gastos de personal, 91.788,55 en gastos corrientes en bienes y servicios y 13.437,66 euros en inversiones.

La pregunta la formuló Carmen, una de las ciudadanas más activas en la página web, el pasado 24 de junio, poco después de los actos celebrados en Madrid para el cambio de Jefe del Estado. Tras insistir en dos ocasiones (aquí y aquí), la Subsecretaría dio por fin ayer viernes una respuesta, en la que añade que el Ministerio de Presidencia asumió también los 4.474,26 euros que costaron los autobuses para el traslado de autoridades.

A estos gastos se suma el dispositivo de seguridad, similar al de “otros enventos con gran afluencia de público como acontecimientos deportivos o manifestaciones”, según el Gobierno, que asegura que es un coste que asumen los presupuestos ordinarios del departamento y, por lo tanto, no ofrece la cifra destinada a esa jornada.

Presidencia admite que no dispone de información sobre los costes asumidos por la Comunidad de Madrid y el Consistorio. Según el responsable de Medio Ambiente y Movilidad del ayuntamiento madrileño, gastaron 28.845,14 euros en vallas y señalizaciones.

Tras la respuesta, Carmen ha vuelto a insistir: quiere conocer el detalle de esas partidas. ¿A qué “inversiones” se refieren? ¿Cómo se detalla el gasto en bienes y servicios? Esperemos que, esta vez, la respuesta tarde menos de cuatro meses en llegar.

0 iruzkin

La DGT facilita el número de denuncias por adelantamiento indebido a ciclistas

2014(e)ko Urriak 23-ean Javier de Vega-k idatzia.

El 20 de octubre un ciudadano solicitó a la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de Tuderechoasaber.es los datos de multas interpuestas en los últimos años a vehículos por adelantamientos indebidos a ciclistas. Es decir, aquellos casos denunciados en los que el vehículo no redujo la velocidad ni respetó la separación lateral establecida de 1,5 metros.

La DGT respondió en sólo tres días, aportando un fichero con datos entre 2011 y 2014 desglosados por provincias. La información no incluye datos de Cataluña, País Vasco, Melilla ni de la provincia de Palencia. Con 61 denuncias en 2011, 64 en 2012, 74 en 2013 y 78 en 2014, las estadísticas reflejan un leve ascenso del número de denuncias.

0 iruzkin

Los expertos europeos niegan haber afirmado que el Carlos III no estaba preparado para el ébola

2014(e)ko Urriak 15-ean Eva Belmonte-k idatzia.

El pasado 11 de octubre, casi todas las cabeceras llevaban una información casi idéntica (surgida, como apuntan muchos, de las agencias Efe y Europa Press): “Expertos europeos alertan de que el Carlos III no está diseñado para emergencias como el ébola”. La noticia se replicó y se replicó (en televisiones como Cuatro o La Sexta, en periódicos como El País, La Vanguardia, en radios como Ondacero…), pero en ninguna de esas réplicas era posible encontrar la fuente original: un supuesto comunicado que, según el texto, procedía de los investigadores del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

¿Dónde está ese comunicado oficial? Como no pudimos encontrarlo, David Cabo escribió al organismo europeo a través de la web Ask the EU (como Tu Derecho a Saber, pero para preguntar a organismos europeos) para solicitarlo y ejercer así su derecho de acceso a la información. En concreto, reclamaba una copia del informe realizado por esos “expertos europeos” (ese sintagma).

La primera respuesta llegó sólo unas horas después: dos personas del ECDC habían estado en el Carlos III los días 8, 10 y 11 de octubre, sí, pero no hay informe ni documento sobre sus conclusiones. Según afirman, las declaraciones que aparecen en prensa son unos comentarios preliminares al final de una reunión en el hospital.

Pero, ¿comentarios de esos dos expertos o de quién? Ante las dudas, David volvió a preguntar, esta vez pidiendo las transcripciones de esas declaraciones. La sorpresa llegó con la segunda respuesta: las declaraciones surgen del hospital Carlos III y no de un informe de ECDC. Además, añaden, la afirmación que llenó todos esos titulares no constituye su posición oficial sobre el asunto (“the statement that appeared in the media was from the hospital Carlos III and not an ECDC report. As such it does not constitute an ECDC view”).

Desde el organismo aseguran que cualquier conclusión relevante será trasladada al Gobierno español, que será el responsable de publicar los informes finales sobre el caso. De hecho, remiten la pregunta al departamento de comunicación del Hospital de La Paz, a quién hemos vuelto a trasladar la pregunta inicial: ¿de dónde salen esas declaraciones?

1 iruzkin

Entendiendo la ley de transparencia I: ¿Cuándo entra en vigor la Ley de Transparencia y para qué instituciones?

2014(e)ko Urriak 14-ean Victoria Anderica-k idatzia.

En Tuderechoasaber.es empezamos una serie de posts en los que vamos a intentar explicar en qué consiste la Ley de Transparencia para que estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014.

¿Cuándo entra en vigor la ley de transparencia?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno consta de tres partes. Vamos a aclarar cuándo entra en vigor cada una de ellas y para qué instituciones:

-  La parte de Buen Gobierno en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos, entró en vigor al día siguiente la publicación de la ley en el BOE, el 10 de diciembre de 2013.

- Las partes de transparencia  y acceso a la información entrarán en vigor en dos tandas:

  • El 10 de diciembre de 2014 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos estatales.
  • El 10 de diciembre de 2015 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos autonómicos y locales.

¿Qué aportan las leyes autonómicas y locales?

Además de la legislación estatal, cada Comunidad Autónoma y entidad local podrá tener una legislación propia sobre transparencia, basada en la legislación básica aprobada por la Ley 19/2013. En estos momentos ya se han aprobado algunas leyes autonómicas y locales y otras están siendo debatidas y aprobadas. Todas estas normativas tienen mucho en común, pero es importante conocerlas puesto que también existen algunas diferencias que afectan a la forma de solicitar información y a las obligaciones de publicación proactiva de información. Un ejemplo es el tiempo que tienen para contestar las solicitudes en cada lugar, variando desde los 15 días al mes.
Según vayan entrando en vigor las leyes de transparencia a nivel autonómico, desde Tu Derecho a Saber haremos una ficha por cada norma con la información clave de cada comunidad autónoma. Aquí puedes consultar el estado de tramitación de todas esas normas:

Leyes Transparencia CCAA by tuderechoasaber

2 iruzkin

La Agencia Tributaria concentró en la televisión temática su campaña de sensibilización contra el fraude fiscal

2014(e)ko Irailak 15-ean Javier de Vega-k idatzia.

A finales del mes de julio, un ciudadano solicitó a la Agencia Tributaria a través de Tuderechoasaber.es a qué canales se había asignado la emisión de la campaña televisiva que esta entidad había encargado para sensibilizar  e informar sobre el fraude fiscal. También las fechas de emisión contratadas y las de su emisión efectiva.

El Servicio de Gestión Económica de la Agencia Tributaria anunció en enero la licitación por un importe máximo de 550.000 euros (454.545,45 con impuestos) para cubrir la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización social contra el fraude. Debía abarcar todo el ámbito nacional salvo País Vasco y de Navarra, e inspirarse en mensajes como que la obligación de pagar impuestos es inherente a la convivencia en sociedad, que ninguna justifica el fraude, que éste perjudica a todos, que sólo una minoría defrauda y engaña al resto y que la Agencia Tributaria está combatiendo el fraude fiscal. La campaña, la primera que se realiza en España contra el fraude fiscal, se produjo finalmente con el mensaje de ‘lo que defraudas tú, lo pagamos todos’. La oferta más ventajosa, 295.000 euros sin impuestos (sobre los 550.000 euros máximos presupuestados) fue, según el anuncio de contratación,  la de la agencia publicitaria JWT Delvico S.L.

La respuesta de la Agencia Tributaria llegó a Tuderechoasaber.es sólo tres días después de la pregunta, y venía acompañada del Plan de Medios de la campaña publicitaria y del listado completo de todos los pases televisivos de la misma. Se trata de una de las respuestas más completas obtenidas sobre el reparto de campañas de publicidad institucional. En total se llevaron a cabo 13.245 pases televisivos, por encima de los 12.774 pases que preveía el plan de medios. La gran mayoría, como se puede apreciar en el gráfico, se emitieron en canales temáticos comercializados por Pulsa Media, principalmente en Canal Discovery, Canal Historia y Canal Odisea. Los canales de este grupo emitieron 10.708 pases. Las cadenas de FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, emitieron un total de 1,608 pases. Los canales de TVE emitieron sólo 252 en total, y los restantes se los repartieron  los canales de Mediaset España (Telecinco, Factoría de Ficción, Cuatro, Divinity y Energy) y Atresmedia Televisión (Antena 3, La Sexta TV, Neox TV y Nova Televisión).

Este gráfico interactivo muestra la concentración de pases publicitarios y, en la segunda pestaña, el desglose por canales:

La respuesta de la Agencia Tributaria, que además incluye los horarios específicos de cada una de las emisiones, es un claro ejemplo de atención exitosa y de transparencia ante el ciudadano, aunque los datos podrían ser proporcionados en formatos más amigables que el .pdf. En lo que respecta al reparto de esta campaña entre los distintos medios, sería deseable conocer también el criterio seguido. Como el propio solicitante de la información ha reflejado en su blog, parece existir una distorsión entre aquellos canales con mayor cuota de pantalla y a los que finalmente se contrató mayor número de pases.

0 iruzkin

A tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno tiene muchos deberes por hacer

2014(e)ko Irailak 3-ean Victoria Anderica-k idatzia.

El próximo 10 de diciembre entra en vigor el grueso de La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aplicará escalonadamente. Mientras que los principios que se han llamado ‘de Buen Gobierno’ (la previsión de sanciones para conflicto de intereses, las infracciones en gestión económico-presupuestaria) ya llevan casi un año en vigor, los organismos autonómicos y locales aún dispondrán de un año más para adaptarse a la obligaciones de la ley. Así pues, lo que entra en vigor el próximo 10 de diciembre son las disposiciones de transparencia de actividad pública para la Administración Central (el Título I de la ley: las obligaciones de proporcionar información, los principios de publicidad activa, la creación del portal de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información y también el ejercicio del mismo para poder formular solicitudes a las instituciones públicas) y el mandato del Consejo de la Transparencia (el Título III).

Sin embargo, pese a que las fechas se aproximan y a que el cambio normativo es complejo y será exigente con el cuerpo de funcionarios encargado de llevarlo a cabo, el Gobierno no ha informado todavía sobre los nuevos reglamentos que permitirán implementar la ley. Por eso, a tres meses de la entrada en vigor, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio -las dos organizaciones que impulsamos la web Tuderechoasaber.es- hemos enviado una carta a José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para preguntar por el estado de estas tareas de implementación.

Las dos organizaciones firmantes entendemos que el Gobierno aún tiene pendiente por completar al menos tres pasos y que debería informar públicamente sobre el estado de los mismos:

  • Presentar el Real Decreto con el que se dará a conocer el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de una norma especialmente importante porque definirá los requisitos que deben cumplir los candidatos a presidir este organismo, sus mecanismos de independencia y muchas otras cuestiones importantes para el desarrollo de su mandato. Según la propia ley, este reglamento debería haber sido aprobado en marzo de 2013, pero lo último que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno lo compartirá con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.
  • El Gobierno debería dar a conocer lo antes posible el Reglamento con el desarrollo en detalle de la propia ley. Resulta clave porque debe definir de forma precisa cómo podrá solicitar cualquier ciudadano información a las instituciones públicas. Además, quizá pueda mejorar algunas restricciones del propio texto de la ley al llevarlas a la práctica diaria, como la exclusión de “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas”, que no podrán ser solicitadas (artículo 18).
  • En tercer lugar está la creación del Portal de Transparencia, que debería estar listo en diciembre para proporcionar información procedente de las administraciones de ámbito nacional.

Tanto la propia ley como todo su proceso de tramitación han sido muy criticados por expertos nacionales e internacionales y por la sociedad civil. Los principales motivos son no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, limitar su alcance casi exclusivamente a la información administrativa y por proponer un sistema de apelación muy poco garante para el ciudadano. El reglamento que aún está pendiente de aprobación podría paliar algunas de estas deficiencias, y por eso Access Info Europe y Civio pedimos más transparencia y participación de la sociedad civil en esta fase precedente de la entrada en vigor de la ley.

Más información:

  • Aquí puedes consultar la carta que hemos enviado a Secretario de Estado
  • Consulta el análisis de Access Info Europe sobre la Ley de Transparencia
  • Descarga un breve dossier de prensa con información esencial sobre la implantación de medidas de transparencia en España

0 iruzkin

El registro de intermediarios anunciado por Sareb para blindarse ante políticos “conseguidores” tampoco será público

2014(e)ko Abuztuak 26-ean Javier de Vega-k idatzia.

El registro de “relaciones con terceros y colectivos singulares” que ha aprobado recientemente la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, Sareb, para disuadir a interlocutores institucionales, generalmente cargos públicos, que puedan intentar hacer valer su condición para intentar facilitar o agilizar gestiones, no será de acceso público. Su carácter será “interno y confidencial”.

El blindaje de este registro ha sido confirmado desde la propia Sareb a raíz de una pregunta formulada públicamente por un ciudadano a través de la web Tuderechoasaber.es, que permite a cualquier ciudadano pedir fácil y públicamente una solicitud de información. “El registro de relaciones singulares de Sareb no es público. Es interno y confidencial”. El demandante de información quería conocer además si contemplaba algún régimen sancionador frente a posibles incumplimientos futuros del mencionado código, pero esta pregunta se quedó sin respuesta.

Captura de pantalla 2014-08-26 19.51.32

La adopción de este registro, adelantada por El Confidencial, se ha presentado como un procedimiento que acompañará a los “mecanismos de transparencia y responsabilidad hacia el ciudadano” que Sareb ya exhibe en su código de conducta. Sin embargo, su aplicación y revelaciones pasarán a engrosar la amplia lista de interrogantes que rodean a esta entidad de naturaleza jurídico-privada. Las certezas son pocas y esquivas a pesar de las preguntas de algunos grupos en el Congreso y de los ciudadanos a través de otros canales de acceso a la información pública.

Transparencia implica acceso a más y mejor información

Esta sociedad, Sareb –conocida popularmente como “el banco malo”-, surge en noviembre 2012 con el propósito de sanear el sistema financiero español. Su misión es lograr desinvertir una cartera (compuesta por aquellos activos de los que se han desprendido los bancos rescatados en 2012 con ayudas europeas) de entorno a 50.000 millones de euros en un plazo de 15 años. Así lograría pagar la deuda, avalada por el Estado, que emitió para adquirir ese conjunto de activos, un 20% inmuebles y un 80% activos financieros (créditos a promotores). Su naturaleza jurídica es privada, aunque el 45 % de sus fondos proceden de su único accionista de carácter público, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Su código de conducta establece que, para Sareb, “la transparencia es un mecanismo mediante el cual somete sus actuaciones ordinarias al juicio crítico de los diferentes actores de los mercados en que opera y del público en general”. Así, pese a que se ha diseñado “un procedimiento específico que permita poner de manifiesto y trasladar al conjunto de la sociedad la objetividad y rigor que siempre preside el proceso de adopción de decisiones”, y que –continúa- “pretende asegurar que resulten incuestionables la imparcialidad y rigor que garantizan los procedimientos internos de que Sareb se ha dotado”, con su carácter confidencial este registro no se traducirá en nueva información relevante para el ciudadano. 

Una entidad blindada para evitar “consecuencias indeseadas”

La naturaleza única de Sareb y su desempeño desde finales de 2012 han sido objeto de un cruce de preguntas incisivas y respuestas evasivas en la Cámara Baja. En enero de 2013, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo preguntó por escrito al Gobierno por la ubicación de la sede de Sareb (en Paseo de la Castellana 89, según muestra ahora su web), sus metros cuadrados, si está alquilada o en propiedad y cuánto paga por ella. Por el mismo grupo, Rosa Díez registró una pregunta sobre una sucesión de dimisiones en la Sareb (primero las salidas de dos consejeros independientes por supuestas incompatibilidades; más tarde, las del director general y el director de activos financieros). El Gobierno denegó la respuesta en ambas ocasiones alegando el “deber de secreto”.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón –principal impulsor dentro del equipo de Sáenz de Santamaría del proyecto que resultó en la Ley de Transparencia- respondió en abril en sede parlamentaria al diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví que “cualquier solicitud de información sobre la SAREB que se salga de los cauces previstos en la normativa no puede ser facilitada directamente por el Gobierno, ya que se estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada”. “Además” –añadió- “una mayor difusión de información sobre la actuación de la SAREB, puede tener también consecuencias indeseadas desde el punto de vista económico para esta sociedad […] en detrimento de su actividad y de sus resultados económicos, todo lo cual puede tener implicaciones para el sector público y la economía en general”

En agosto, esta vez en respuesta  a Cayo Lara, José Luis Ayllón reconocía que “a causa de la importante, aunque no mayoritaria, participación del sector público en el capital social (a través del FROB) y las repercusiones que su actividad puede tener en la estabilidad del sistema financiero nacional”, se articula para ella un régimen específico de control y de rendición de cuentas de esta sociedad ante los poderes públicos.

¿Cómo y ante quién rinde Sareb sus cuentas?

Este régimen de control empieza por el Banco de España, encargado supervisar posibles desviaciones, operaciones y los órganos de gobierno. De forma más directa, una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Banco de España, del Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y AAPP y de la CNMV, se reúne cada tres meses para hacer seguimiento de la labor de Sareb. Esta sociedad tiene la obligación de presentar un informe semestral a las Cortes con “datos esenciales” de sus operaciones y cumplimiento de objetivos, que sí es de acceso público a través su web. Por el contrario, el informe anual independiente que realiza un experto designado por el Banco de España no es de acceso público, y sólo tiene acceso a él la Comisión de Seguimiento. Por último, se ha establecido la comparecencia trimestral del presidente de la Comisión Rectora del FROB, principal accionista de Sareb, ante el Congreso.

En su exposición en el Congreso de estos mecanismos de control, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes zanjó la cuestión aseverando que “estas amplias obligaciones de información son suficientes para asegurar un efectivo control de la SAREB por parte de los poderes públicos y para cumplir con la transparencia ante la ciudadanía”.

0 iruzkin