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Los expertos europeos niegan haber afirmado que el Carlos III no estaba preparado para el ébola

Escrito el 15 de octubre de 2014 por Eva Belmonte

El pasado 11 de octubre, casi todas las cabeceras llevaban una información casi idéntica (surgida, como apuntan muchos, de las agencias Efe y Europa Press): “Expertos europeos alertan de que el Carlos III no está diseñado para emergencias como el ébola”. La noticia se replicó y se replicó (en televisiones como Cuatro o La Sexta, en periódicos como El País, La Vanguardia, en radios como Ondacero…), pero en ninguna de esas réplicas era posible encontrar la fuente original: un supuesto comunicado que, según el texto, procedía de los investigadores del ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control).

¿Dónde está ese comunicado oficial? Como no pudimos encontrarlo, David Cabo escribió al organismo europeo a través de la web Ask the EU (como Tu Derecho a Saber, pero para preguntar a organismos europeos) para solicitarlo y ejercer así su derecho de acceso a la información. En concreto, reclamaba una copia del informe realizado por esos “expertos europeos” (ese sintagma).

La primera respuesta llegó sólo unas horas después: dos personas del ECDC habían estado en el Carlos III los días 8, 10 y 11 de octubre, sí, pero no hay informe ni documento sobre sus conclusiones. Según afirman, las declaraciones que aparecen en prensa son unos comentarios preliminares al final de una reunión en el hospital.

Pero, ¿comentarios de esos dos expertos o de quién? Ante las dudas, David volvió a preguntar, esta vez pidiendo las transcripciones de esas declaraciones. La sorpresa llegó con la segunda respuesta: las declaraciones surgen del hospital Carlos III y no de un informe de ECDC. Además, añaden, la afirmación que llenó todos esos titulares no constituye su posición oficial sobre el asunto (“the statement that appeared in the media was from the hospital Carlos III and not an ECDC report. As such it does not constitute an ECDC view”).

Desde el organismo aseguran que cualquier conclusión relevante será trasladada al Gobierno español, que será el responsable de publicar los informes finales sobre el caso. De hecho, remiten la pregunta al departamento de comunicación del Hospital de La Paz, a quién hemos vuelto a trasladar la pregunta inicial: ¿de dónde salen esas declaraciones?

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Entendiendo la ley de transparencia I: ¿Cuándo entra en vigor la Ley de Transparencia y para qué instituciones?

Escrito el 14 de octubre de 2014 por Victoria Anderica

En Tuderechoasaber.es empezamos una serie de posts en los que vamos a intentar explicar en qué consiste la Ley de Transparencia para que estemos todos preparados para usarla a partir de su entrada en vigor el 10 de diciembre de 2014.

¿Cuándo entra en vigor la ley de transparencia?

La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno consta de tres partes. Vamos a aclarar cuándo entra en vigor cada una de ellas y para qué instituciones:

-  La parte de Buen Gobierno en la que se detallan una serie de principios y sanciones para los funcionarios públicos, entró en vigor al día siguiente la publicación de la ley en el BOE, el 10 de diciembre de 2013.

- Las partes de transparencia  y acceso a la información entrarán en vigor en dos tandas:

  • El 10 de diciembre de 2014 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos estatales.
  • El 10 de diciembre de 2015 entrarán en vigor las obligaciones de transparencia y acceso a la información para todos los organismos autonómicos y locales.

¿Qué aportan las leyes autonómicas y locales?

Además de la legislación estatal, cada Comunidad Autónoma y entidad local podrá tener una legislación propia sobre transparencia, basada en la legislación básica aprobada por la Ley 19/2013. En estos momentos ya se han aprobado algunas leyes autonómicas y locales y otras están siendo debatidas y aprobadas. Todas estas normativas tienen mucho en común, pero es importante conocerlas puesto que también existen algunas diferencias que afectan a la forma de solicitar información y a las obligaciones de publicación proactiva de información. Un ejemplo es el tiempo que tienen para contestar las solicitudes en cada lugar, variando desde los 15 días al mes.
Según vayan entrando en vigor las leyes de transparencia a nivel autonómico, desde Tu Derecho a Saber haremos una ficha por cada norma con la información clave de cada comunidad autónoma. Aquí puedes consultar el estado de tramitación de todas esas normas:

leyes_transparencia_CCAA.pdf by tuderechoasaber

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La Agencia Tributaria concentró en la televisión temática su campaña de sensibilización contra el fraude fiscal

Escrito el 15 de septiembre de 2014 por Javier de Vega

A finales del mes de julio, un ciudadano solicitó a la Agencia Tributaria a través de Tuderechoasaber.es a qué canales se había asignado la emisión de la campaña televisiva que esta entidad había encargado para sensibilizar  e informar sobre el fraude fiscal. También las fechas de emisión contratadas y las de su emisión efectiva.

El Servicio de Gestión Económica de la Agencia Tributaria anunció en enero la licitación por un importe máximo de 550.000 euros (454.545,45 con impuestos) para cubrir la creatividad y la producción de una campaña de sensibilización social contra el fraude. Debía abarcar todo el ámbito nacional salvo País Vasco y de Navarra, e inspirarse en mensajes como que la obligación de pagar impuestos es inherente a la convivencia en sociedad, que ninguna justifica el fraude, que éste perjudica a todos, que sólo una minoría defrauda y engaña al resto y que la Agencia Tributaria está combatiendo el fraude fiscal. La campaña, la primera que se realiza en España contra el fraude fiscal, se produjo finalmente con el mensaje de ‘lo que defraudas tú, lo pagamos todos’. La oferta más ventajosa, 295.000 euros sin impuestos (sobre los 550.000 euros máximos presupuestados) fue, según el anuncio de contratación,  la de la agencia publicitaria JWT Delvico S.L.

La respuesta de la Agencia Tributaria llegó a Tuderechoasaber.es sólo tres días después de la pregunta, y venía acompañada del Plan de Medios de la campaña publicitaria y del listado completo de todos los pases televisivos de la misma. Se trata de una de las respuestas más completas obtenidas sobre el reparto de campañas de publicidad institucional. En total se llevaron a cabo 13.245 pases televisivos, por encima de los 12.774 pases que preveía el plan de medios. La gran mayoría, como se puede apreciar en el gráfico, se emitieron en canales temáticos comercializados por Pulsa Media, principalmente en Canal Discovery, Canal Historia y Canal Odisea. Los canales de este grupo emitieron 10.708 pases. Las cadenas de FORTA, la Federación de Organismos de Radio y Televisión Autonómicos, emitieron un total de 1,608 pases. Los canales de TVE emitieron sólo 252 en total, y los restantes se los repartieron  los canales de Mediaset España (Telecinco, Factoría de Ficción, Cuatro, Divinity y Energy) y Atresmedia Televisión (Antena 3, La Sexta TV, Neox TV y Nova Televisión).

Este gráfico interactivo muestra la concentración de pases publicitarios y, en la segunda pestaña, el desglose por canales:

La respuesta de la Agencia Tributaria, que además incluye los horarios específicos de cada una de las emisiones, es un claro ejemplo de atención exitosa y de transparencia ante el ciudadano, aunque los datos podrían ser proporcionados en formatos más amigables que el .pdf. En lo que respecta al reparto de esta campaña entre los distintos medios, sería deseable conocer también el criterio seguido. Como el propio solicitante de la información ha reflejado en su blog, parece existir una distorsión entre aquellos canales con mayor cuota de pantalla y a los que finalmente se contrató mayor número de pases.

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A tres meses de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, el Gobierno tiene muchos deberes por hacer

Escrito el 03 de septiembre de 2014 por Victoria Anderica

El próximo 10 de diciembre entra en vigor el grueso de La Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno, que se aplicará escalonadamente. Mientras que los principios que se han llamado ‘de Buen Gobierno’ (la previsión de sanciones para conflicto de intereses, las infracciones en gestión económico-presupuestaria) ya llevan casi un año en vigor, los organismos autonómicos y locales aún dispondrán de un año más para adaptarse a la obligaciones de la ley. Así pues, lo que entra en vigor el próximo 10 de diciembre son las disposiciones de transparencia de actividad pública para la Administración Central (el Título I de la ley: las obligaciones de proporcionar información, los principios de publicidad activa, la creación del portal de transparencia, la regulación del derecho de acceso a la información y también el ejercicio del mismo para poder formular solicitudes a las instituciones públicas) y el mandato del Consejo de la Transparencia (el Título III).

Sin embargo, pese a que las fechas se aproximan y a que el cambio normativo es complejo y será exigente con el cuerpo de funcionarios encargado de llevarlo a cabo, el Gobierno no ha informado todavía sobre los nuevos reglamentos que permitirán implementar la ley. Por eso, a tres meses de la entrada en vigor, Access Info Europe y la Fundación Ciudadana Civio -las dos organizaciones que impulsamos la web Tuderechoasaber.es- hemos enviado una carta a José Luis Ayllón, Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, para preguntar por el estado de estas tareas de implementación.

Las dos organizaciones firmantes entendemos que el Gobierno aún tiene pendiente por completar al menos tres pasos y que debería informar públicamente sobre el estado de los mismos:

  • Presentar el Real Decreto con el que se dará a conocer el Estatuto Orgánico del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Se trata de una norma especialmente importante porque definirá los requisitos que deben cumplir los candidatos a presidir este organismo, sus mecanismos de independencia y muchas otras cuestiones importantes para el desarrollo de su mandato. Según la propia ley, este reglamento debería haber sido aprobado en marzo de 2013, pero lo último que sabemos es que en las próximas semanas el Gobierno lo compartirá con el Consejo de Estado para recabar sus impresiones antes de hacerlo público.
  • El Gobierno debería dar a conocer lo antes posible el Reglamento con el desarrollo en detalle de la propia ley. Resulta clave porque debe definir de forma precisa cómo podrá solicitar cualquier ciudadano información a las instituciones públicas. Además, quizá pueda mejorar algunas restricciones del propio texto de la ley al llevarlas a la práctica diaria, como la exclusión de “notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos entre entidades administrativas”, que no podrán ser solicitadas (artículo 18).
  • En tercer lugar está la creación del Portal de Transparencia, que debería estar listo en diciembre para proporcionar información procedente de las administraciones de ámbito nacional.

Tanto la propia ley como todo su proceso de tramitación han sido muy criticados por expertos nacionales e internacionales y por la sociedad civil. Los principales motivos son no reconocer el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental, limitar su alcance casi exclusivamente a la información administrativa y por proponer un sistema de apelación muy poco garante para el ciudadano. El reglamento que aún está pendiente de aprobación podría paliar algunas de estas deficiencias, y por eso Access Info Europe y Civio pedimos más transparencia y participación de la sociedad civil en esta fase precedente de la entrada en vigor de la ley.

Más información:

  • Aquí puedes consultar la carta que hemos enviado a Secretario de Estado
  • Consulta el análisis de Access Info Europe sobre la Ley de Transparencia
  • Descarga un breve dossier de prensa con información esencial sobre la implantación de medidas de transparencia en España

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El registro de intermediarios anunciado por Sareb para blindarse ante políticos “conseguidores” tampoco será público

Escrito el 26 de agosto de 2014 por Javier de Vega

El registro de “relaciones con terceros y colectivos singulares” que ha aprobado recientemente la Sociedad de Gestión de Activos de la Reestructuración Bancaria, Sareb, para disuadir a interlocutores institucionales, generalmente cargos públicos, que puedan intentar hacer valer su condición para intentar facilitar o agilizar gestiones, no será de acceso público. Su carácter será “interno y confidencial”.

El blindaje de este registro ha sido confirmado desde la propia Sareb a raíz de una pregunta formulada públicamente por un ciudadano a través de la web Tuderechoasaber.es, que permite a cualquier ciudadano pedir fácil y públicamente una solicitud de información. “El registro de relaciones singulares de Sareb no es público. Es interno y confidencial”. El demandante de información quería conocer además si contemplaba algún régimen sancionador frente a posibles incumplimientos futuros del mencionado código, pero esta pregunta se quedó sin respuesta.

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La adopción de este registro, adelantada por El Confidencial, se ha presentado como un procedimiento que acompañará a los “mecanismos de transparencia y responsabilidad hacia el ciudadano” que Sareb ya exhibe en su código de conducta. Sin embargo, su aplicación y revelaciones pasarán a engrosar la amplia lista de interrogantes que rodean a esta entidad de naturaleza jurídico-privada. Las certezas son pocas y esquivas a pesar de las preguntas de algunos grupos en el Congreso y de los ciudadanos a través de otros canales de acceso a la información pública.

Transparencia implica acceso a más y mejor información

Esta sociedad, Sareb –conocida popularmente como “el banco malo”-, surge en noviembre 2012 con el propósito de sanear el sistema financiero español. Su misión es lograr desinvertir una cartera (compuesta por aquellos activos de los que se han desprendido los bancos rescatados en 2012 con ayudas europeas) de entorno a 50.000 millones de euros en un plazo de 15 años. Así lograría pagar la deuda, avalada por el Estado, que emitió para adquirir ese conjunto de activos, un 20% inmuebles y un 80% activos financieros (créditos a promotores). Su naturaleza jurídica es privada, aunque el 45 % de sus fondos proceden de su único accionista de carácter público, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

Su código de conducta establece que, para Sareb, “la transparencia es un mecanismo mediante el cual somete sus actuaciones ordinarias al juicio crítico de los diferentes actores de los mercados en que opera y del público en general”. Así, pese a que se ha diseñado “un procedimiento específico que permita poner de manifiesto y trasladar al conjunto de la sociedad la objetividad y rigor que siempre preside el proceso de adopción de decisiones”, y que –continúa- “pretende asegurar que resulten incuestionables la imparcialidad y rigor que garantizan los procedimientos internos de que Sareb se ha dotado”, con su carácter confidencial este registro no se traducirá en nueva información relevante para el ciudadano. 

Una entidad blindada para evitar “consecuencias indeseadas”

La naturaleza única de Sareb y su desempeño desde finales de 2012 han sido objeto de un cruce de preguntas incisivas y respuestas evasivas en la Cámara Baja. En enero de 2013, el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo preguntó por escrito al Gobierno por la ubicación de la sede de Sareb (en Paseo de la Castellana 89, según muestra ahora su web), sus metros cuadrados, si está alquilada o en propiedad y cuánto paga por ella. Por el mismo grupo, Rosa Díez registró una pregunta sobre una sucesión de dimisiones en la Sareb (primero las salidas de dos consejeros independientes por supuestas incompatibilidades; más tarde, las del director general y el director de activos financieros). El Gobierno denegó la respuesta en ambas ocasiones alegando el “deber de secreto”.

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón –principal impulsor dentro del equipo de Sáenz de Santamaría del proyecto que resultó en la Ley de Transparencia- respondió en abril en sede parlamentaria al diputado del Grupo Mixto Joan Baldoví que “cualquier solicitud de información sobre la SAREB que se salga de los cauces previstos en la normativa no puede ser facilitada directamente por el Gobierno, ya que se estaría invadiendo la autonomía de actuación de una sociedad empresarial jurídico-privada”. “Además” –añadió- “una mayor difusión de información sobre la actuación de la SAREB, puede tener también consecuencias indeseadas desde el punto de vista económico para esta sociedad […] en detrimento de su actividad y de sus resultados económicos, todo lo cual puede tener implicaciones para el sector público y la economía en general”

En agosto, esta vez en respuesta  a Cayo Lara, José Luis Ayllón reconocía que “a causa de la importante, aunque no mayoritaria, participación del sector público en el capital social (a través del FROB) y las repercusiones que su actividad puede tener en la estabilidad del sistema financiero nacional”, se articula para ella un régimen específico de control y de rendición de cuentas de esta sociedad ante los poderes públicos.

¿Cómo y ante quién rinde Sareb sus cuentas?

Este régimen de control empieza por el Banco de España, encargado supervisar posibles desviaciones, operaciones y los órganos de gobierno. De forma más directa, una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Banco de España, del Ministerio de Economía y Competitividad, el Ministerio de Hacienda y AAPP y de la CNMV, se reúne cada tres meses para hacer seguimiento de la labor de Sareb. Esta sociedad tiene la obligación de presentar un informe semestral a las Cortes con “datos esenciales” de sus operaciones y cumplimiento de objetivos, que sí es de acceso público a través su web. Por el contrario, el informe anual independiente que realiza un experto designado por el Banco de España no es de acceso público, y sólo tiene acceso a él la Comisión de Seguimiento. Por último, se ha establecido la comparecencia trimestral del presidente de la Comisión Rectora del FROB, principal accionista de Sareb, ante el Congreso.

En su exposición en el Congreso de estos mecanismos de control, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes zanjó la cuestión aseverando que “estas amplias obligaciones de información son suficientes para asegurar un efectivo control de la SAREB por parte de los poderes públicos y para cumplir con la transparencia ante la ciudadanía”.

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El buscador público de sentencias del CENDOJ no permite encontrar algunas sentencias. ¿Sabes cuáles son?

Escrito el 24 de junio de 2014 por Eva Belmonte

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El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha recibido cinco solicitudes de información en Tu Derecho a Saber. Ninguna ha recibido respuesta. Al principio contestaban que el email de contacto era el de la oficina de prensa y, por lo tanto, no podía responder a las preguntas de los ciudadanos. Lo que no sabemos es si reclaman carné de prensa o basta con identificarse como periodista, sea o no verdad. Lo que es cierto es que el CGPJ no ofrece una dirección de correo electrónico (sí un teléfono) de atención al ciudadano, por lo que no tenemos otra opción que seguir dirigiéndonos al email de prensa.

De las cinco solicitudes de información, tres de ellas reclaman datos estadísticos: sobre desahucios, políticos con reducción de condena y número de quejas ciudadanas atendidas. Una cuarta pregunta reclama algo tan sencillo como el presupuesto del CGPJ, que de hecho está publicado en su página web. Ni siquiera en ese caso hubo respuesta. La última solicitud de información que ha recibido el organismo se refiere, a cuenta de la sentencia de un agente de la Guardia Civil recientemente indultado, cuál es el criterio de inclusión de sentencias en el buscador público del organismo, el Cendoj.

La pregunta tiene chicha porque, como pueden comprobar aquellos que se dediquen a buscar sentencias en el buscador público, muchas de ellas son imposibles de encontrar. De hecho, la sentencia del Guardia Civil no aparecía vía buscador a primera hora y sí más tarde, lo que provocó la pregunta de Stepháne M. Grueso. Y es que las carencias del buscador público, el Cendoj, provocan que muchos profesionales del sector tengan que recurrir a páginas web privadas más completas y, por lo tanto, de pago.

Hasta el propio CGPJ tiene que recurrir a esos buscadores de pago, pese a ser el titular del Cendoj.De hecho, el organismo paga 123 euros al año por cada una de esas licencias de uso. Los miembros del CGPJ y los magistrados y jueces podrán elegir cualquiera de las cuatro bases de datos contratadas (Westlaw, Tirant online, La Ley Digital y El Derecho) para consultar sentencias y leyes. Aunque el CGPJ había licitado el precio máximo de la licencia anual por 126 euros, las cuatro empresas han presentado una oferta idéntica: 123 euros por acceso individual. Ese precio final permitirá que se adquieran hasta 2.208 de esas licencias al año (el presupuesto total es de 271.584 euros por anualidad).

El argumento que da el CGPJ para contratar un servicio que debería ofrecer la misma información que su propio buscador es que, aunque el buscador público ha progresado significativamente, un tercio de la magistratura no ha realizado aún la transición a esa base de datos. Alegan dos causas: la costumbre de utilizar los buscadores privados que han usado desde el inicio de sus carreras y la falta de tiempo, por la carga de trabajo, para aprender a utilizar el CENDOJ.

Lo que no podemos saber, por lo menos de momento y a la espera de una respuesta, es cuáles son los criterios de inclusión de unas sentencias y no otra en el buscador público. Porque está claro que, con el buscador, no es posible encontrar todas las sentencias de órganos superiores de justicia.

[ACTUALIZACIÓN A 11 DE JULIO]: El servicio de prensa del CGPJ ha dado respuesta a algunas de nuestras preguntas. Entre otras cosas, asegura que la sentencia que protagoniza esta pregunta sí estaba en el CENDOJ, por lo que entendemos que fue un problema del buscador, porque esa mañana no aparecía. Además, afirma que todas las sentencias de altos tribunales se publican en la base de datos pública. Sabemos, porque buscamos sentencias allí casi a diario, con éxito parcial, que esa afirmación no es del todo cierta. Algunas sentencias de altos tribunales son imposibles de localizar en el buscador. Creemos que, en todo caso, puede que esa carencia se deba a esta frase de la respuesta recibida: “siempre teniendo en cuenta las incidencias que puedan derivarse de los procedimientos de recogida y remisión por parte de los distintos sistemas de gestión procesal”.

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¿Cuanto cuestan los portales de datos abiertos? Hemos preguntado y tenemos algunas respuestas

Escrito el 24 de junio de 2014 por admin

A lo largo de 2013 Access Info Europe puso en marcha una serie de 19 solicitudes de información para conocer el coste de creación y mantenimiento de los numerosos portales de datos abiertos que estaban aflorando en España. En total contactó con diez gobiernos autonómicos, siete ayuntamientos, una entidad nacional y una universidad.

La campaña se saldó con siete respuestas plenamente satisfactorias, seis respuestas parciales o imprecisas y seis silencios.

Gracias a las primeras conocemos información sobre la creación, el mantenimiento y el personal de los portales de datos abiertos del Gobierno de Navarra, el Gobierno Vasco, la Junta de Castilla y León, el Gobierno de Castilla La Mancha, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. La Generalitat de Cataluña remitió al solicitante a un formulario estándar en lugar de responder a través del medio solicitado. Access Info continuó la solicitud por esa vía y obtuvo la información completa.

Las respuestas de la Xunta de Galicia, el Principado de Asturias, los ayuntamientos de Pamplona, Lleida y Barcelona, y la del Ministerio de Industria, Energía y Turismo (responsable del portal nacional datos.gob.es) no aclaran algunos de los puntos solicitados o lo hacen de un modo vago. Aún así los resultados nos acercan al funcionamiento de estos portales.

El Gobierno de las Islas Baleares, la Junta de Extremadura, la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Badalona, San Boi y Gijón, directamente, no respondieron.

Los resultados obtenidos arrojan un mapa diverso. La mayor parte de los portales fueron creados y son mantenidos a través de recursos propios de la administración correspondiente, que afirma que el lanzamiento no supuso costes adicionales. Los portales de la Generalitat de Catalunya, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de Barcelona y el Gobierno Vasco fueron los más caros, todos por encima de los 100.000 € de inversión inicial. En general, los costes de mantenimiento de los portales son bajos y la mayor parte de los portales sólo requieren una o dos personas trabajando a tiempo completo. Una muestra más amplia de casos arrojará datos más concluyentes sobre el gasto y el funcionamiento de los portales en los distintos niveles de la administración.

En 2014 Access Info ha comenzado una segunda ronda de solicitudes de información para cubrir los nuevos portales que siguen proliferando, cada vez más en la administración local. Los resultados iniciales continúan la línea de los anteriores y serán analizados en profundidad en sucesivos informes.

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¿Cómo responden los ayuntamientos a solicitudes de información?

Escrito el 09 de junio de 2014 por Ricardo Dudda

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Imagen: Civio.es

Aunque la administración local es la más cercana al ciudadano, los ayuntamientos baten el récord de silencio administrativo en España. Hasta un 81% de solicitudes de información a entidades locales no recibió ningún tipo de respuesta en 2013.  Nada. Aunque la gran mayoría de ellas trataba sobre cuestiones tan inofensivas como el cuidado de las palmeras de una avenida,  el coste de un nuevo parque infantil o la solicitud de una audiencia con el alcalde, y aun así se quedaron sin contestación.

El año 2015 debería ser, sin embargo, el año de la transparencia en ayuntamientos y comunidades autónomas. En diciembre de ese año termina el plazo de entrada en vigor de la ley de transparencia a nivel local y autonómico. Hay, además, elecciones locales en mayo, lo que quizá acreciente el interés de las entidades locales por la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno.

Pero, ¿cómo responden los pocos que sí lo hacen? Mayoritariamente mediante evasivas, respuestas indefinidas y acuses de recibo. El caso de un ciudadano del municipio navarro de Sangüesa, de no más de 5.000 habitantes, es un claro ejemplo de que la cercanía no es sinónimo de transparencia. A la solicitud de información sobre un posible proyecto de minería en las afueras del municipio, el alcalde, en tono paternalista y campechano, contesta con evasivas y exige que se le pregunte mediante el formulario de la web del ayuntamiento. Este ciudadano insiste en preguntar a través de Tuderechoasaber.es para que la respuesta sea pública, algo que no pasa con el formulario oficial. El rifirrafe acaba, desgraciadamente, con el rechazo del alcalde a dar información.

Pero al menos hay rifirrafe. En otras ocasiones, la respuesta es excesivamente escueta y sin excusa alguna. Es el caso del ayuntamiento de Teror, en la provincia de las Palmas.  En 2011, el alcalde de la localidad fue imputado junto al arquitecto municipal, el secretario del Ayuntamiento y el abogado de la Oficina Técnica por un presunto delito urbanístico. Un ciudadano pregunta sobre el gasto en abogados de su defensa y una lista de imputados del ayuntamiento. La respuesta: “Buenas tardes, no es posible trasladar la información que usted solicita”. Ni excusa, promesa de respuesta o o ni siquiera un “vuelva usted mañana”. Simplemente un portazo virtual.

En algunas ocasiones, tampoco el procedimiento oficial hay éxito. Un ciudadano de Sant Feliu de Llobregat, presidente de su comunidad de vecinos, presentó dos instancias para tener una audiencia con el alcalde. Consiguió contactar con el ayuntamiento de forma oficial, le proporcionaron un número de registro y luego se olvidaron de él. Ante el silencio administrativo, acudió a Tuderechoasaber.es para insistir, esta vez, de forma pública. De nuevo silencio.

¿Es siempre así? A pesar de que la mayoría de las veces sí, existen casos positivos. La respuesta del concejal de festejos del municipio valenciano de Alfafar a una pregunta sobre los costes de las fiestas del pueblo, aunque finalmente fue analógica,  representa un buen ejemplo de vocación por la transparencia. Se comprometió a responder lo más rápido posible  (“sin ningún problema te lo preparo y te lo hago llegar”) e incluso se ofreció a hablar por teléfono o vía Facebook con el ciudadano. Finalmente envió la información en formato papel.

Tampoco tiene reparos en contestar solicitudes de información el alcalde de Hinojos, un municipio de Huelva de no más de 4.000 habitantes, que tiene abiertos varios grupos de Whatsapp para consultas de los ciudadanos.  Aunque aislados, estos casos positivos demuestran que el silencio administrativo es una elección, y no la consecuencia de preguntas complejas o solicitudes que se extralimitan. Responder sobre el coste de un parque infantil o las fiestas del pueblo debería estar a la orden del día.

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Los Mossos y su extraña manía de encapuchar a manifestantes para identificarles

Escrito el 04 de junio de 2014 por Eva Belmonte

El pasado  de junio, la Directa grabó unas imágenes tras las concentraciones contra el desalojo del centro cívico Can Vies, en Barcelona, en las que se muestra cómo los Mossos d’Esquadra obligan a varios manifestantes a ponerses las capuchas de las cazadoras para tomarles la fotografía con la que les identifican. En algún momento del vídeo se puede apreciar, además, como uno de los agentes golpea a un retenido para obligarle a taparse la cabeza.

Era la primera vez que se veían imágenes de este tipo en unas identificaciones y muchos se preguntaron entonces a qué se debían estas prácticas. Stepháne M. Grueso también se lo ha preguntado, pero ha ido un paso más allá, ha trasladado esa inquietud a la conselleria de Interior de la Generalitat de Catalunya a través de Tu Derecho a Saber.

En su pregunta, después de asegurar que a los identificados se les obligó a vestirse con ropa que no era suya, reclama información sobre tres aspectos vinculados a esa extraña práctica: ¿Quién ha ordenado tomar esas fotos? ¿Bajo que legislación o reglamento se ampara dicha práctica? y ¿Qué uso se le van a dar a dichas fotografías?

Además, destaca la agresión de un agente en el segundo 36 y recomienda a la conselleria identificar al agente para solicitar la correspondiente sanción. Ahora sólo queda, una vez más, esperar a que la administración catalana responda. O no.

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Hecha la ley, hecha la excusa

Escrito el 26 de mayo de 2014 por Javier de Vega

Desde el momento en que aparece una nueva norma, hay personas que piensan y se las ingenian para poder evitarla. En Tu Derecho A Saber hemos reflejado toda clase de excusas que las instituciones ponen a los ciudadanos para no facilitar la información que éstos reclaman. Ahora con la ley a las puertas (la norma entra en vigor para las instituciones estatales en diciembre) está ganado adeptos una nueva, “no podemos facilitarte la información porque así lo establece la Ley de Transparencia”.

El contrato de defensa

El Consejo de Ministros aprobó el 02 de agosto de 2013 un acuerdo entre los ministerios de Hacienda y Defensa que reformaba en el techo de gasto de este último. Así, se autorizaba a Defensa a adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros “en función de la necesidad de atender a reprogramaciones, ajustes de anualidades y nuevos proyectos correspondientes a Programas Especiales de Modernización”. Se trata del programa 122B de los Presupuestos Generales del Estado, que incluye las inversiones necesarias para cumplir los compromisos internacionales de España con la OTAN y con la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), pagos que se disputan empresas como Navantia, Santa Bárbara Sistemas o el consorcio EADS. En la rueda de prensa, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría destacó que esta reprogramación del gasto suponía un ahorro de hasta 7.000 millones de euros”

Un ciudadano, Bernardo, recurrió en diciembre a Tu Derecho A Saber para solicitar una copia del acuerdo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Con cinco meses de retraso, la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos le remitió su respuesta, consensuada con el Ministerio de Hacienda. Solicitud de información rechazada. ¿Rechazada por qué? La respuesta dice así:

“Ahora bien, el artículo 14 de la citada Ley 19/2013 (de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno) establece determinados límites al acceso a la información. Entre éstos se encuentra el caso de que la información afecte a la defensa.”

Se trata de una lectura retorcida y arbitraria de lo que realmente dice el artículo 14, que es lo siguiente:

Artículo 14. Límites al derecho de acceso.
1. El derecho de acceso podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para: a) La seguridad nacional b) La defensa c) Las relaciones exteriores d) La seguridad pública […]

 ¿Se aprecia la diferencia? Cuando “suponga un PERJUICIO. No se trata de una interpretación casual. Que “afecte a la defensa”, en general, es una excusa habitual de carteras como Interior y Defensa para denegar cualquier información sobre este ámbito, aunque no suponga ningún perjuicio. En países con una transparencia efectiva ya toman medidas para acabar con este abuso. En Escocia, la Oficina del Comisionado para la Información falla a favor del ciudadano si el ministerio no demuestra que publicar la información supondría un daño, pero no un daño cualquiera: un “perjuicio sustancial”, “un daño real, demostrable y significativo”. En México, por poner otro ejemplo, se debe demostrar un daño “presente, probable y específico” En caso contrario, prevalece el interés público y se actúa contra el ministerio por violar la Ley de Libertad de Información. ¿Actuará igual el futuro Consejo español para la Transparencia?

Para terminar de enterrar la solicitud de información de este ciudadano, el Ministerio de Defensa remite a la ley franquista de Secretos Oficiales de 1968, que otorga “con carácter genérico, la clasificación de reservado a la adquisición, suministros y transportes de armamento, munición y material bélico, por lo que la información solicitada al estar relacionada con la adquisición de este tipo de material, no puede ser facilitada a quien no se encuentre facultado para tener conocimiento de ella”.

 MORALEJA: es necesario contar con un auténtico órgano de revisión independiente que se encargue de hacer cumplir la ley y ponga coto a estas arbitrariedades.

¿Quién convoca las concentraciones?

En abril otro ciudadano, David, pidió a la Delegación del Gobierno de Navarra conocer quiénes y en nombre de qué organizaciones habían convocado concentraciones en un día concreto en la localidad de Ansoain y qué resolución se había tomado. En este caso, el departamento de Derecho de Reunión recurrió tanto a la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal como al artículo 15 de la Ley de Transparencia, que protege los datos personales si no se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del afectado.

Cuando el ciudadano solicitó de nuevo la información “omitiendo los datos de la persona comunicante” y acreditándose como parte interesada, la Delegación del Gobierno de Navarra ignoró su reclamación y guardó silencio administrativo.

MORALEJA: Como hemos alertado muchas veces en este blog, el carácter orgánico de la Ley de Protección de Datos Personales se impone nuestra débil Ley de Transparencia, por voluntad de quienes la han aprobado. Así, en casos como éste, donde no hay voluntad del funcionario para diferenciar una solicitud de datos personales de una mera petición de información, cada vez que una petición aluda de pasada a datos personales se denegará la respuesta.

Los currículos de altos cargos públicos

Eva solicitó en noviembre los currículos completos de cinco nuevos directivos del ente público Red.es, dado que los incluidos en la web del Ministerio de Industria “no cuentan con suficiente nivel de detalle”. Más de tres meses y medio después, el ente presumió de que la pequeña reseña laboral de sus directivos, apenas dos párrafos y sin entrar en detalle relativos a responsabilidades, tiempo en puesto u otra información relativa a su aptitud para el cargo, “da cumplimiento, por adelantado, al artículo 6.1 de la Ley 19/2013
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y
 buen gobierno, según el cual: ‘Los sujetos comprendidos en el ámbito de 
aplicación de este título publicarán información relativa a las funciones 
que desarrollan, la normativa que les sea de aplicación así como a su
 estructura organizativa’”. En lugar de la información solicitada, adjuntaban enlaces al perfil de LinkedIn de cada uno. Pese a insistir, Red.es no facilitó ninguna versión completa de su experiencia laboral que permita valorar la idoneidad de sus nombramientos.

MORALEJA: La publicación de los currículos completos de los altos cargos debería ser un hecho generalizado, aunque la ley no obligue. Y siempre que quepa ambigüedad en ella, las instituciones se aferrarán a ella  no sólo para no responder sino, además, para tratar de convencerte de que cumplen con los estándares de transparencia exigidos.

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