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Las solicitudes de indultos se disparan

Escrito el 16 de julio de 2015 por Eva Belmonte

Progresión de las peticiones de indulto en los últimos años.

Progresión de las peticiones de indulto en los últimos años.

La clemencia no es un término absoluto, sino relativo. No solo importa cuál es el número de indultos que aparecen en el BOE, sino también de entre cuántas solicitudes esas y solo esas personas fueron las elegidas. Hasta ahora, gracias a la extracción de datos del boletín oficial, hemos podido escarbar entre toda la información disponible para descubrir totales por año, por Gobierno y por delito, o incluso porcentajes de perdonados sobre condenados y cuáles han sido las medidas de gracia más veloces. Ahora, gracias a una solicitud de información realizada a través de Tu Derecho a Saber, podemos ir un paso más allá y saber cuántas personas pidieron un indulto entre 2010 y 2014.

Los datos muestran una evolución creciente del número de solicitudes al Ministerio de Justicia (no incluyen, por parto, la información de las peticiones a Defensa), que pasan de 5.400 en 2010 a más de 7.800 en 2014. La subida más importante es de 2010 a 2011, un salto de más de 1.500 peticiones.

En paralelo, las concesiones de indultos también crecieron hasta 2012 pero, a partir de entonces, empezaron a bajar. La popularidad de la medida la hizo más conocida para los posibles solicitantes y, a la vez, menos popular para los gobiernos que la usaban, envueltos en decenas de medidas de gracia polémicas.

Dado que el tiempo entre la condena y la concesión de un indulto no es fija (la mediana es de más de dos años y medio), sería un error afirmar que un tanto por cierto de las solicitudes de un año fueron aceptadas, porque podrían concederse durante el siguiente año. O el otro. Pero nos permite establecer una ratio aproximada que muestre tendencias en la clemencia de los distintos gobiernos. Así, habríamos pasado de un 7,45% en 2010 a un 0,91% en 2014. Esto es: la distancia entre el número de solicitudes y el número de indultos se ha agrandado de forma considerable.

Más posibilidades si eres mujer

Hay menos condenadas mujeres, menos solicitantes y menos indultadas que hombres. Hasta aquí todo parece encajar. Pero en términos relativos todo cambia. Si con el análisis de condenas y medidas de gracia de El Indultómetro demostramos que era más fácil ser indultada -en porcentaje- en el caso de ser mujer, gracias a estos nuevos datos podemos saber que la relación con las solicitudes muestra la misma tendencia.

La ratio de todos estos años de mujeres va de 13,50 a 2,12% y el de hombres de 6,70 a 0,77%. Esto es, las mujeres solicitantes de indulto tuvieron mucha más suerte que los hombres.

 

[ARTÍCULO PUBLICADO ORIGINALMENTE EN ELINDULTÓMETRO.ES DE CIVIO]

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400 millones de desvío ‘sin tipificar’ en el Ministerio de Defensa

Escrito el 07 de julio de 2015 por Eva Belmonte

El ministro de Defensa asiste a una misión conjunta con el ejército sirio en 2014. Foto: mde.es

El ministro de Defensa, Pedro Morenés, en unas maniobras del Ejército del Aire en 2014. Foto: mde.es

El BOE recoge hoy la ejecución presupuestaria a 31 de mayo. Una vez más, la diferencia más destacada entre lo presupuestado y lo gastado proviene del Ministerio de Defensa. En concreto, los 5.768 millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado ya se han convertido en 7.368 millones. Eso es: el desvío suma a estas alturas de año 1.600 millones de euros.

Esta tradición de engorde, que se mantiene año tras año  y siempre supera los mil millones de euros, se debe en buena parte a los también tradicionales créditos extraordinarios que, cada año, inyectan una cantidad extra, que suele rozar los 800 millones, destinada al pago de Programas Especiales de Armamento (PEA’s).
 

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El Gobierno afirma que el silencio administrativo no supera el 1% en los últimos meses

Escrito el 03 de junio de 2015 por Victoria Anderica

Desde que Access Info Europe empezó a monitorear en 2005 el nivel de respuesta de las instituciones públicas españolas a las solicitudes de acceso a la información hasta el último informe de Tuderechoasaber.es en 2014, la falta de respuesta ha sido la tónica dominante: cerca de una de cada dos solicitudes de información ha obtenido la callada por respuesta. Eso es lo que implica el silencio administrativo, que si pasado el plazo que indica la ley para un procedimiento administrativo, de un mes en el caso de solicitudes de información, ésta se considera denegada.

El silencio administrativo de las instituciones resulta una mala práctica, algo contrario a los principios básicos del derecho de acceso a la información, y un ejemplo de opacidad que las dos organizaciones que impulsamos Tuderechoasaber.es denunciamos a menudo. Para poder vigilar mejor cómo se está aplicando la Ley de Transparencia, hemos preguntado recientemente al Gobierno cuál es el nivel de silencio administrativo registrado a lo largo de los últimos meses. La contestación ha sido que, “a día 4 de mayo, se ha dado respuesta expresa a 1.654 solicitudes de acceso a la información, 186 solicitudes están en trámite y 16 no han sido respondidas en el plazo de un mes establecido en la norma, por lo que técnicamente estarían en silencio”. Es decir que, según el Gobierno, a esa fecha, solo un 1% de las solicitudes que habían llegado a las instituciones públicas no han sido contestadas en plazo.

Con estos datos, sería una gran noticia y reflejaría una buena implementación del derecho de acceso a la información, aunque eso no significa que el resto de solicitudes hayan sido contestadas positivamente, aportando exactamente la información solicitada. Las dudas surgen porque el sistema adoptado para tramitar las solicitudes puede llevar a engaño y dilatar el plazo de respuesta de una forma arbitraria.

Como ya hemos informado, desde hace pocas semanas hemos apreciado que el solicitante recibe dos notificaciones cuando inicia el proceso de pedir información: un acuse de recibo el día en el que realiza la petición, y otro cuando ésta llega a la persona competente para responder. Es un matiz muy importante porque el mes de plazo que tienen las administraciones para contestar comienza a partir del segundo acuse de recibo, no a partir del momento en que se envía la solicitud. Y el segundo acuse de recibo, el que cuenta, no se ha introducido hasta muy recientemente.

La ley indica que el plazo empieza a contar a partir de la recepción de la pregunta por el “órgano competente para resolver”. Sin embargo, como eso no se recuerda claramente a lo largo del proceso, y tampoco se establece un tiempo máximo de garantía entre que se realiza la solicitud y ésta llega al órgano competente, podemos acabar encontrándonos con preguntas que se resuelven a los dos meses.

El problema reside en la arbitrariedad extra que añade el hecho de que ese lapso de más no esté delimitado. Desde la Oficina de la Transparencia nos aseguran que están trabajando para no dejar solicitudes en el limbo y que el proceso sea eficiente.

Creemos que esta situación debería ser clarificada en el propio reglamento de aplicación de la ley que, tras cinco meses de vigencia de la misma, aún no se ha hecho público. Un reglamento que debe poner coto a esta y otras arbitrariedades. Por eso vamos a seguir estando atentos a la implementación de la norma y pedimos acceso a las estadísticas básicas de aplicación de la ley. Y mientras, seguimos a la espera de conocer de una vez por todas ese reglamento pendiente.

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Unas semanas después de la respuesta del Gobierno, la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información del Ministerio de Presidencia ha actualizado los datos acumulados de visitas y solicitudes recibidas en el portal de transparencia desde el 10 de diciembre de 2014.  Según estos datos, el portal ha recibido “más de tres millones de páginas vistas y más de 2.000 solicitudes de acceso a la información”. Sobre la clasificación del estado la solicitudes como “revisar”, “firmar”, “notificar”, “finalizado”, “archivado” y “aceptada la competencia”, nos genera dudas y en las próximas semanas vamos a pedir información para clarificar el significado preciso de esta nomenclatura.

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Mutis de los partidos políticos sobre su previsión de gastos electorales

Escrito el 27 de mayo de 2015 por Miguel Ángel Gavilanes

 

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Una mujer elige la papeleta de uno de los partidos que concurrieron a las elecciones municipales y autonómicas del 24 de mayo. Foto de Jordi Boixareu.

Adalides de la transparencia mientras piden el voto; pudorosos a mostrar su presupuesto para la campaña, y por ende, sus expectativas ante la cita electoral. Los partidos funcionan a crédito en las elecciones: sin votos no hay reembolso de sus pagos. Sin un presupuesto claro y público es complicado anticipar cuánto dinero reclamarán a las arcas públicas por sus actos de campaña, aunque ello desvele la confianza puesta en su resultados.

El Gobierno incluyó in extremis a los partidos políticos en la redacción final de la Ley de Transparencia. Todo ello después de que Civio y Access Info, responsables de Tuderechoasaber.es, y apoyados por 180.804 firmantes, exigieran a Vicepresidencia de Moncloa que la futura norma contuviera a las formaciones políticas, sus fundaciones y a los sindicatos. Sin embargo, están liberados de responder a peticiones de información. La norma sólo les obliga a “la publicación periódica de información relevante” para garantizar la transparencia de su actividad relacionada con el funcionamiento y control de la actuación pública. Esta publicidad activa debe recoger, entre otros asuntos, sus presupuestos completos para las elecciones.

Antes del arranque de campaña, y mediante una petición de información, 10 formaciones políticas fueron instadas a que publicasen su presupuesto desglosado, con su previsión de gastos para la pasada campaña electoral –excepto a CiU y ERC, a los que se preguntó por su campaña para el Parlament de Catalunya. El resultado: tan sólo Podemos dio parte de la información solicitada. Algunos de los partidos que recibieron el máximo reconocimiento en algunos rankings por su supuesta transparencia, como PSOE y Ciudadanos, dieron por callada la respuesta con acuse de recibo mediante.

Podemos, presente en las elecciones autonómicas–y compañero de coaliciones en algunas agrupaciones de confluencia de izquierdas en las municipales–, respondía antes del inicio de la campaña que adaptaban sus pagos y previsiones en función de las aportaciones de particulares. Por ello, pedían esperar al cierre de sus microcréditos –que no descartaban mantener hasta el último día– para dar a conocer la cifra final que fue de 1.563.100€, según su página web. Una planificación improvisada e “inusual”, según reconocen en su respuesta.

La solicitud de información también pedía una relación de empresas, asociaciones y fundaciones donantes y el monto total de la aportación. La nueva formación afirmó que no recibieron donativos de organizaciones.

Publicidad activa y calidad de los datos

Los partidos están exentos de responder a preguntas de los ciudadanos, pero están obligados a publicar, en particular, sus presupuestos para las elecciones. No obstante, los partidos publicaron de forma dispar –si es que llegaron a hacerlo– los datos relativos a los gastos electorales del 24-M. El más refinado fue ERC, que publicó su presupuesto de campaña entregado a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.

Algo menos descriptiva es la previsión de Ciudadanos, que divide su presupuesto para esta cita electoral de mayo en cuatro grandes partidas: Municipales (500.000€), autonómicas en Madrid (300.000€) y en Valencia (150.000€) y resto de autonomías (300.000€). Además prevén recuperar la totalidad de lo invertido “dadas las previsiones electorales”, según este documento publicado por la formación naranja.

Más laxo es el Partido Socialista, que divulgó en su portal de transparencia que su límite legal de gasto sería de 18.713.805€, y argumenta que su dirección aprobó un presupuesto de campaña “notablemente inferior a dicha cantidad”.

La falta de información es común entre UPyD, sin datos específicos a esta cita en su página oficial (ofrecen los de las elecciones al parlamento andaluz); Convergència i Unió, que contiene la rendición de cuentas de los comicios anteriores; Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco e Izquierda Unida. Estos tres últimos no anuncian nada al respecto en sus sitios oficiales.

Con los resultados aún calientes de las elecciones locales y autonómicas –sin contar con Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco–, no sabemos cuánto previeron gastar la mayoría de partidos, ni en qué conceptos. Desconocemos, hasta que se publique la fiscalización del Tribunal de Cuentas, cuánto han gastado realmente, un dinero que será reembolsado mediante fondos públicos y que no cuenta con presupuestos detallados compartidos con la ciudadanía. El Tribunal de Cuentas ya señaló, a posteriori, gastos injustificados de los partidos o pagos de naturaleza no electoral, como bocadillos y bebidas, en su informe de fiscalización de las anteriores elecciones municipales de 2011.

Excepto Podemos, que sí ofreció la información de la que disponía y la federación socialista en el País Vasco, que remitía a su Comisión Ejecutiva Federal, partidos emergentes y veteranos no respondieron a una petición de información, como Convergència y Unió, Izquierda Unida, Partido Popular, UPyD, PNV, Ciudadanos y PSOE.

Mención especial merece Esquerra Republicana. La petición de información les solicitaba un documento disponible en su página web; no enviar al menos el enlace para su descarga muestra desgana. Contestar hubiese sido la guinda perfecta a su loable ejercicio de transparencia. Con la ley en la mano, los partidos no están sujetos a responder preguntas de los ciudadanos, pero es cuestión de voluntad política. O al menos, de falta de desidia.

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Informe Tuderechoasaber 2014: las instituciones reducen su uso del silencio administrativo, pero sigue siendo mayoritario

Escrito el 21 de abril de 2015 por admin

En 2014, el año de plazo que las administraciones públicas han tenido para adaptarse a sus nuevas obligaciones de transparencia, las instituciones españolas recurrieron en menos ocasiones que en 2013 al silencio administrativo para eludir dar respuesta a las peticiones de información los ciudadanos. Del total de solicitudes realizadas durante 2014 mediante Tuderechoasaber.es, la primera web que simplifica este proceso en España, un 42,7% recibieron la callada por respuesta. O, lo que es lo mismo, 134 de las 314 solicitudes enviadas. En 2013, el silencio superó el 57%. Así lo revela el Informe de Tuderechoasaber 2014, que hoy publican la Fundación Ciudadana Civio y Access Info Europe, las dos organizaciones responsables de esta iniciativa.

Este informe se basa en el análisis de 314 peticiones de información enviadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2014, tres semanas después de la entrada en vigor de la Ley de Transparencia para la Administración General del Estado. La mejoría no solo se deja notar en la reducción del silencio administrativo, sino también en el porcentaje de respuestas satisfactorias, aquellas en las que un organismo proporciona exactamente la información solicitada. Son el 18,5% de las solicitudes registradas, una cifra aún muy baja pero que mejora casi cinco puntos con respecto al año anterior.

Entre las excusas más habituales para no dar una respuesta adecuada se encuentra el clásico “eso es en otra ventanilla” –no posee la información (13,4%)-; las contestaciones parciales –incompletas (6,4%)-; aquellos que responden una cosa distinta a la preguntada –inadecuadas (6,1%)-; los que se niegan a dar la información –rechazadas (5,4%)-; los que remiten a un formulario (4,5%); y un pequeño porcentaje (3,2%) de solicitudes incorrectas, aquellas que utilizan Tuderechoasaber.es, por ejemplo, para enviar quejas o peticiones de índole personal.

 

Relevante mejoría de las entidades locales

Aunque la Ley de Transparencia no estaba en vigor cuando se hicieron estas solicitudes para las entidades locales (tienen de plazo hasta diciembre de 2015), son estas las que han provocado, en buena parte, la mejora en los resultados. De hecho, han reducido su silencio administrativo de una forma sustancial: del 81,3% al 54,4%. En cambio, las entidades nacionales, como ministerios y Presidencia del Gobierno, mantienen altas cifras de silencio administrativo, que como en 2013 ronda el 47%.

 

“Es pronto para saber cómo afecta la Ley de Transparencia a las solicitudes de información puesto que, a efectos de este informe, solo ha estado en marcha durante las tres últimas semanas de 2014, y los mecanismos que deben velar por su cumplimiento han arrancado con muchos retrasos”, explica Eva Belmonte, responsable de proyectos de Civio. “Podremos conocer y evaluar mejor los resultados más adelante. Mientras tanto, con Tuderechoasaber.es seguiremos facilitando la labor de solicitar información a aquellos que encuentran demasiados obstáculos en el Portal de Transparencia”.

“Debemos recordar que la ley permite presentar una solicitud a través de cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante y una forma de contacto a efectos de notificaciones”, añade Victoria Anderica, responsable de campañas de Access Info Europe. “A pesar de ello, el Ministerio de Presidencia sigue apostando por un portal que pone trabas a un acceso ágil a la información pública al restringir los medios por los que atender a la población. Incluso el Defensor del Pueblo reconoce que su complejidad puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información”.

Los organismos que más solicitudes reciben

Los organismos públicos más preguntados en Tuderechoasaber.es por los ciudadanos durante 2014 han sido los ministerios de Interior, Hacienda y Sanidad. Sanidad aprueba, aportando al menos algún tipo de respuesta a 15 de 17 solicitudes. Una cifra muy superior a la de Hacienda, que hasta en seis ocasiones aseguró no poseer la información solicitada, en dos ocasiones ofreció una respuesta inadecuada y en otras dos, remitió a un formulario. Un año más, el Ministerio del Interior hace pleno: 17 silencios administrativos para 17 solicitudes de información.

Para encontrar un pleno de respuestas satisfactorias tenemos que acudir a la Junta de Castilla y León. Con siete preguntas, todas ellas con respuesta satisfactoria, esta institución fue la que más solicitudes de información recibió a nivel autonómico durante el año pasado, lo que demuestra que las buenas prácticas animan a los ciudadanos a ejercer su derecho.

Los organismos que gestionan la sanidad en Madrid también están entre los que mayor interés despertaron. La Consejería de Sanidad y la Dirección General de Atención al Paciente de la Comunidad de Madrid registraron un total de 11 solicitudes de información, aunque solo dos fueron resueltas de forma satisfactoria. A nivel local, los vecinos de Sangüesa (Navarra) fueron los más participativos en Tuderechoasaber.es, aunque el ayuntamiento no les correspondió: de seis solicitudes, cinco nunca obtuvieron respuesta). Otros pueblos y ciudades que destacan por el número de solicitudes recibidas fueron Sant Feliu de Llobregat (una satisfactoria de cinco), Ávila (cuatro preguntas, ninguna respuesta), Barcelona (tres de tres desatendidas), Lleida (de tres remitidas, una de ellas respondida de forma parcial) o Madrid (que derivó a los ciudadanos a su formulario).

O, si lo prefieres, puedes descargarte la versión completa del informe en PDF.

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Seguimiento de solicitudes denegadas en el Portal de Transparencia – Iniciativa de ElConfidencial.LAB, Access Info Europe y Civio

El Portal de Transparencia del Gobierno está en marcha desde diciembre de 2014, y desde entonces muchos usuarios ya han recibido denegaciones de información.

Para conocer mejor cómo están respondiendo las instituciones y qué motivos concretos esgrimen para justificar la denegación, El ConfidencialAccess Info Europe y Civio facilitamos desde ahora un formulario abierto donde te animamos a compartir tu caso:

Formulario sobre denegaciones de
acceso a la información

Si participas, te pediremos que compartas:

  • La fecha en que hiciste la solicitud
  • Su estado (si la denegación es total o parcial)
  • A qué organismo iba dirigida
  • Cuál era exactamente la información que solicitabas
  • El artículo que, según la respuesta, justifica la inadmisión de tu solicitud

Usaremos esta información para poder hacer un mejor seguimiento de cómo responden las administraciones, y te mantendremos informado de los siguientes pasos que demos.

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El Defensor del Pueblo reconoce que la complejidad del Portal de Transparencia puede tener un efecto disuasorio sobre el derecho de acceso a la información

Escrito el 09 de abril de 2015 por admin

Este comunicado ha sido publicado por Access Info Europe en su página web:

Access Info Europe presentó el 17 de diciembre de 2014 una queja ante el Defensor del Pueblo en la que denunciaba el complejo sistema de solicitud de información que el Gobierno ha puesto en marcha en el Portal de la Transparencia. En concreto se denunciaban tres cuestiones:

  1. Que el Portal de la Transparencia no contiene información sobre cómo realizar solicitudes al margen del portal mismo.
  2. Que los mecanismos para solicitar información a través del portal son extremadamente complejos y excluyentes.
  3. Que no debería exigirse la presentación de un DNI para solicitar información.

El día 16 de marzo de 2015 el Defensor del Pueblo contestó a estos tres argumentos reconociendo algunas de las cuestiones planteadas por Access Info. En concreto así respondía a cada argumento:

  1. Reconoce que el portal no informa sobre otras vías para enviar solicitudes de información e informará al Ministerio de la Presidencia al respecto, pero no aprecia ninguna irregularidad porque la Ley de Transparencia establece claramente que se pueden enviar solicitudes por cualquier medio que permita tener constancia de la identidad del solicitante.
  2. Sobre los mecanismos y pasos para presentar una solicitud en el portal de la Transparencia, el Defensor del Pueblo considera que son complejos y muy largos, por lo que pueden incluso convertirse en obstáculos para el ejercicio del derecho. Además, reconoce que algunas personas legitimadas por la ley, como los extranjeros, pueden ver dificultado o imposibilitado el acceso a través del Portal de la Transparencia debido a los mecanismos de registro.

El Defensor del Pueblo reconoce que para identificar a un solicitante debe ser suficiente con los nombres y el apellido o con el DNI, pero que en ningún caso es necesario el proceso de validación que ha establecido el Portal de la Transparencia. Por ello, ha solicitado al Gobierno un informe sobre los mecanismo de registro y su impacto disuasorio y excluyente sobre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

  1. Sobre el tercer punto se limita a indicar que, en nuestro Derecho, las solicitudes anónimas no tiene validez ni producen efectos jurídicos.

Valoramos esta respuesta positivamente, ya que se reconoce el efecto disuasorio que tienen los mecanismos de identificación establecidos en el Portal de la Transparencia y la no necesidad de los mismos, ya que la ley requiere identificación pero no habla de validación de la identificación presentada.

A la espera de la reacción del Gobierno ante los requerimientos que ha hecho el Defensor del Pueblo sobre este asunto, Access Info Europe procederá a responder al Defensor del Pueblo con nuevas pruebas. La respuesta será publicada tan pronto como la recibamos.

Respuesta completa del Defensor del Pueblo

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Siete de los 47 policías nacionales heridos el 22M estuvieron de baja

Escrito el 18 de marzo de 2015 por Miguel Ángel Gavilanes

Policía Nacional lesionado durante las cargas del 22M. Foto de Jonh Chichas.

Un agente de las UIP es trasladado por un miembro del SAMUR para ser atendido tras las cargas del 22M. Foto de Jonh Chichas.

“101 personas atendidas, de las cuales 67 son policías”. Acaba la manifestación y llega el tradicional balance de heridos. El listado de los agentes que acaban con lesiones suele ser público a las pocas horas del fin de una protesta. Conocer cuántos manifestantes acabaron heridos es más complicado (si se da la cifra, además, es mucho menor que la de agentes). Saber con detalle de qué tipo de lesiones se habla cuando se nombra a los policías heridos, más aún.

Hace casi un año confluyeron en Madrid las Marchas de la dignidad procedentes de varios puntos del país. Al término de una de las mayores manifestaciones de los últimos años, se sucedieron graves altercados entre las plazas de Cibeles y Neptuno, en pleno centro de la capital. El saldo: 101 personas heridas, de las cuales 47 fueron policías nacionales y 20 agentes municipales, según los servicios de emergencia madrileños.

El balance, una vez más, incluía esas cifras genéricas pero no el parte desglosado del número de atendidos ni el alcance de sus lesiones: qué tipo de lesión fue la más recurrente y cuantos sufrieron baja laboral o tuvieron que ser trasladados a un centro hospitalario para ser atendidos. De esta forma, no es posible diferenciar entre aquellas personas que sufrieron un tropiezo de las que fueron agredidas.

El director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, respondió a una solicitud de información realizada a través de TuDerechoaSaber.es, con la Ley de Transparencia en la mano, que fueron siete los funcionarios que estuvieron de baja por las heridas. Se trata de la misma información que aportó en la comisión de interior del 23 de abril en el Congreso de los Diputados, donde confirmó que ningún agente fue hospitalizado más allá de la noche de los disturbios. No hay información de los 20 policías municipales atendidos por el SAMUR. Ni Cosidó ni el delegado de Seguridad y Emergencias de Madrid, Enrique Núñez, en su intervención en el pleno del ayuntamiento, aclararon si algún miembro del cuerpo municipal recurrieron a la baja laboral tras aquella jornada.

Así las cosas, conocemos el número de policías nacionales heridos y de baja, si bien seguimos sin saber la consideración oficial de las heridas. Por el contrario, no disponemos de ningún dato sobre los ciudadanos que participaron en la convocatoria y que necesitaron atención médica. Ante la petición de información, Ignacio Cosidó argumentó que “no se elabora un registro de manifestantes heridos, sin que esto impida la obligación de dar cuenta a la autoridad judicial de todas aquellas personas de las que se tenga conocimiento que resulten lesionadas”, por lo que sólo se pueden conocer algunos casos publicados por la prensa.

Cosidó reconocía en su comparecencia en la Cámara Baja “fallos en la ejecución del dispositivo” desplegado por las fuerzas de seguridad en aquella jornada. Más de 1.700 agentes participaron en ella, según afirmaron entonces varios diputados presentes. “Un número idóneo de funcionarios actuantes”, según el máximo responsable del cuerpo de policía.

La determinación del director general tras el caos sucedido en Madrid en la noche del 22M fue destituir a Francisco Javier Virseda Serna, uno de los jefes de los antidisturbios responsable del operativo. Virseda trabaja en la actualidad como agregado en la embajada de Chile.

No es la primera vez que la opacidad caracteriza la información ofrecida desde el Ministerio del Interior. El 25 de septiembre de 2013, un grupo de antidisturbios irrumpieron en la estación de Atocha al final de la convocatoria Rodea el Congreso. Las imágenes de esta actuación policial mostraban a periodistas y viajeros golpeados por algunos agentes mientras esperaban en los andenes. La investigación realizada por la Dirección General de la Policía después de la polémica concluyó que “no se produjeron irregularidades en la intervención policial realizada” según Cosidó. Punto. Sin dar más detalles.

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El Consejo de Transparencia convoca ahora las plazas para formar su equipo de trabajo

Escrito el 16 de marzo de 2015 por Eva Belmonte

La apuesta por una medida se muestra no solo en las palabras con las que el Gobierno la anuncia, sino en los medios -y los tiempos- destinados a ponerla en marcha. Pero la del Consejo de Transparencia, el organismo que debe velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y por defender el derecho de acceso a la información de los ciudadanos, es una historia de retrasos y medios escasos. Si el decreto que lo debía constituir entró en vigor ocho meses tarde (según los plazos que dictaba la propia norma), la formación del equipo empieza a dar pasos hoy, tres meses después de la entrada en vigor de la ley.

El BOE recoge hoy la convocatoria de 13 plazas, vía concurso, para nombrar consejeros técnicos, jefes de servicio y analistas de sistemas, que serán quienes deben gestionar los distintos medios de comunicación con quienes deseen realizar solicitudes, llevar al día las cuentas del organismo y atender a las reclamaciones y consultas de los ciudadanos, entre otras tareas clave para su funcionamiento. El problema es que los ciudadanos llevan presentando reclamaciones desde, al menos, enero.

A día de hoy, la única persona del Consejo de Transparencia que ha pasado por el nombramiento oficial, vía BOE, es su presidenta, Esther Arizmendi, que fue nombrada por Real Decreto días más tarde de la entrada en vigor de la ley. De hecho, aunque tanto Esperanza Zambrano (subdirectora general de reclamaciones) como Javier Amorós (subdirector general de transparencia y buen gobierno) ejercen, oficialmente, de forma provisional. El BOE recoge hoy la convocatoria de sus dos plazas por libre designación, además de las de un subdirector adjunto y dos secretarios.

Dentro de 15 días hábiles, plazo necesario para presentar solicitudes a estos puestos, podrían ser nombrados pero, esta vez sí, de forma definitiva. Además de este organigrama, la presidenta del Consejo de Transparencia lidera las reuniones de la Comisión de Transparencia, un organismo formado por siete vocales llegados de distintas administraciones públicas y de los partidos políticos (uno del Congreso y otro desde el Senado).

El 31 de octubre, tras el Consejo de Ministros en el que se aprobó el Estatuto del Consejo de Transparencia, el Gobierno aseguró que “el Consejo estará listo con tiempo para el próximo 10 de diciembre, que es cuando entran en vigor las obligaciones de transparencia que la Ley prevé para la Administración General del Estado”.

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El Gobierno da 15 días a las empresas mineras para alegar contra de la publicación de los informes de fiscalización a los que fueron sometidos

Escrito el 09 de marzo de 2015 por Eva Belmonte

El Tribunal de Cuentas recibió, al amparo de la Ley de Transparencia, una petición para acceder los informes realizados por la Intervención General del Estado sobre las empresas mineras.

Ante la duda de si facilitar esa información puede afectar a “derechos o deberes de terceros” (artículo 19.3 de la norma), en este caso de los propias compañías, les ha dado el plazo establecido de 15 días para presentar alegaciones, puesto que los informes contienen la fiscalización de cada una de ellas.

Cuatro de ellas, que no han podido ser localizadas por otros medios, han recibido la notificación en el BOE de hoy. Si no fuera por ello, solo la persona que solicitó la información podría conocer que este trámite de alegaciones está en proceso, ya que la norma obliga a avisar de este tipo de procedimientos.

La Ley de Transparencia establece ciertas excepciones para el acceso a la información pública: la seguridad nacional; la defensa; las relaciones exteriores; la seguridad pública; la prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios; la igualdad de las partes en los procesos judiciales y la tutela judicial efectiva; las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; la política económica y monetaria; el secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión; la protección del medio ambiente; y, de forma amplia y sin especificar cómo se concreta, los intereses económicos y comerciales.

[Una información publicada originalmente en El BOE nuestro de cada día]

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Ortiz Construcciones y proyectos, Dragados y una UTE de OHL, los mayores adjudicatarios de los contratos menores del Congreso

Escrito el 09 de marzo de 2015 por Eva Belmonte

Celia Villalobos jugando a "Frozen" en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación

Celia Villalobos jugando a “Frozen”, un videojuego, en su tablet durante el debate sobre el estado de la nación. Foto de Antonio Maestre para La Marea

La aplicación de la Ley de Transparencia en el Congreso es una historia de retrasos. Si la propia norma (el estatuto del Consejo de Transparencia llegó varios meses después de lo que debía) y su puesta en marcha (el portal tiene graves problemas de funcionamiento aún hoy) ya van tarde, su aplicación en la Cámara Baja se ha retrasado aún más. Aunque la ley entraba en vigor el pasado 10 de diciembre, no fue hasta el 20 de enero que se aprobó el reglamento para aplicarla en el Congreso.

Y hay más: aunque dicho texto obliga a publicar los contratos menores (los de importes menores de 50.000 euros en obras y de 18.000 euros en el resto de tipos*), no se hicieron públicos en un principio. De hecho, sorprendidos por el incumplimiento de sus propias normas, a finales de febrero pedimos esa información, pero no ha sido hasta este viernes, 6 de marzo, cuando se ha hecho pública en la web del organismo. Así, ya podemos conocer a qué empresas y por qué precios se emitieron esas facturas en el último trimestre de 2014.

Tarde y en un formato no reutilizable. Si tratamos esa información, podemos ir más allá de las anécdotas (que las hay) a una visión mucho más global [aquí te puedes descargar los datos estructurados]. Así, sabemos que las empresas que sumaron una cantidad mayor de ingresos gracias a esos contratos menores son Ortiz Construcciones y proyectos (más de 98.000 euros en siete adjudicaciones), Dragados (73.700 en otras dos) y la UTE (Unión Temporal del Empresas) llamada Mantenimiento Congreso, formada por Ingesan y el gigante OHL (29.500 euros en una única factura).

Apple es el sexto proveedor por volumen de negocio gracias a las tablets y teléfonos con los que trabajan, entre otros, los diputados. En total, sumó 23.550 euros, casi 20.000 de ellos destinados a la compra de iPads. Para los menos mañosos, el servicio de reparación de la firma de la manzana ha facturado unos 1.400 euros en reparaciones de estos dispositivos.

También podemos saber, por ejemplo, que el contrato más caro sumó un coste de 55.800 euros, lo cobró Dragados y se destino a la conexión de red de agua en los sanitarios. O que el menor es de 14,76 euros para la compra de un cristal para marco de foto.

En el apartado de curiosidades encontramos una medalla de 1108 euros, 300 CDs de la sesión de proclamación de Felipe VI (unos 3.000 euros en total), transcripciones de sesiones de comisiones y subcomisiones (que suman más de 10.000 euros), y memorias USB compradas a una empresa de asesoría -Asesores Corporativos It’s Posible [sic]- por 3.291 euros.

El Congreso compró varias publicaciones, hasta un total de 50 contratos que suman 21.700 euros, sin especificar de qué publicaciones se trata. Poco más podemos saber de todos esos contratos, puesto que la información publicada no ofrece más detalles.

Para adjudicar un contrato menor no es necesario ni concurso ni negociado, simplemente la emisión de la factura. Hasta la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, este tipo de adjudicaciones no se publicaban en los organismos de la Administración General del Estado o de los órganos constitucionales nacionales, como es el caso del Congreso.

* Si se dan un paseo por las cifras, encontrarán algunas mayores de esas cuantías. Esto se debe a que el límite de lo que son o no contratos menores se calcula sin IVA y los precios de los contratos en la web del Congreso se han publicado con IVA.

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