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Nadie podría afirmar de forma tajante ahora mismo y con datos fiables sobre la mesa que la gestión privada de la sanidad es más eficiente que la pública. Ni viceversa. Por desgracia, el debate sobre el modelo sanitario en España se ha desarrollado desde las vísceras y sobre un baile de cifras sin arraigo tangible. Los organismos públicos no ofrecen datos fundados que respalden la progresiva privatización de la sanidad española y en algunos casos, incluso, muestran a la opinión pública cifras poco rigurosas cocinadas  para apoyar sus medidas.

¿Sabremos que un sistema no funciona cuando sea demasiado tarde para dar marcha atrás? Eso mismo ocurrió en Escocia. Durante años utilizaron un modelo de gestión mixta denominado Private Finance Iniciative (PFI) para la construcción y gestión de edificios públicos, como hospitales y escuelas. La mecánica era simple: una empresa construía el edificio y se encargaba de su mantenimiento durante los años que durara el acuerdo y, a cambio, cobraba un canon anual de las administraciones. Una vez terminado el plazo del contrato, el edificio pasaba a manos públicas. Tras años trabajando bajo este sistema de colaboración público-privada, muchos ciudadanos empezaron a ponerla en duda.

Trabajadores de la sanidad y sindicatos reclamaron, por ejemplo, el contrato de construcción y mantenimiento del nuevo hospital de Edimburgo. La petición fue denegada alegando intereses comerciales, pero el Gobierno les dio la razón y decidió que esos acuerdos debían ser, a partir de entonces, publicados automáticamente. De lo particular a lo general, el Sunday Herald estudió decenas de páginas de información detallada sobre este tipo de gestión que fueron reclamadas a las administraciones gracias a la existencia de la Freedom of Information Law escocesa. Con los datos en la mano, calcularon que las entidades públicas pagaron más del doble de lo necesario por unos 700 proyectos públicos planificados o construidos.

Aunque han dejado de utilizar este sistema, los escoceses siguen pagando cánones por escuelas y hospitales construídos bajo ese paraguas. En muchos casos, el sistema de salud ha llegado a pagar 10 veces más por un hospital que si lo hubiera levantado con sus propios recursos, tal y como han denunciado en múltiples ocasiones, entre otros, el profesor Ayson Pollock. En Reino Unido también se demostró que este procedimiento no era el más eficiente.

A raíz de una plaga de larvas de insectos, el quirófano de un hospital escocés pasó semanas cerrado. Los pacientes reclamaron información sobre el asunto y descubrieron, gracias a la ley de acceso a la información, que la clausura había sido provocada por la falta de limpieza de la empresa adjudicataria del PFI, que no había retirado una paloma muerta del techo de la instalación. Además, el contrato de gestión público-privada desveló la penalización por el cierre del quirófano era sólo de 28 libras al día. Este caso volvió a poner en primera línea el debate sobre ese sistema de construcción y mantenimiento de edificios públicos.

El Hospital de Vallecas, uno de los que se levantó y funciona vía PFI, impondría multas mucho más altas en el caso de infracciones graves de los términos del contrato: de 4.001 a 35.000 euros más una multa diaria que puede llegar a los 4.000 euros. El contrato que marca estas multas no está publicado en ninguna página web oficial en este momento, pero podemos acceder a él gracias a la labor de un portal privado.

Pero, ¿cómo funciona el PFI en España? Una vez más, no tenemos datos que nos permitan valorar la eficacia de este sistema, pero las malas experiencias internacionales pueden darnos alguna pista. De hecho, en 2010 la Comunidad de Madrid aprobó un incremento del canon que pagaba a seis hospitales gestionados bajo este mismo sistema. En la actualidad, funcionan bajo el PFI siete hospitales de Madrid y otros tantos en Castilla y León, Cataluña y Baleares. No sabemos si esta gestión funcionará mejor o peor aquí que en Escocia, pero sí que la Comunidad de Madrid pagará más de 100 millones al año durante 30 años por el canon de arrendamiento de estos centros.

Este sistema mixto es sólo un paso intermedio hacia la privatización total. El plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid acoge, tras ese nombre tan largo, algunas medidas como la jubilación de dos tercios de los médicos mayores de 65 años, el euro por receta (suspendido por el Tribunal Constitucional), la privatización de 27 centros de atención primaria o la externalización de cocinas, lavanderías y mantenimiento de centros sanitarios. Todas estas medidas, según el gobierno madrileño, suponen un ahorro en los costes de la sanidad pública. Pero el caso es que ninguno de estos proyectos viene respaldado por datos que apoyen que son medidas eficientes. Y el debate sigue. El euro por receta, por ejemplo, se planteó como una medida coaccionadora para evitar el despilfarro en el uso del medicamentos, pero para muchos no es más que una barrera en el acceso a los fármacos por parte de las clases más desfavorecidas. Sin datos, ambas valoraciones son subjetivas a priori.

Pero, sin duda, la medida estrella del plan madrileño es la privatización total de seis hospitales, que hasta ahora funcionaban bajo el paraguas del sistema PFI. El objetivo: una gestión más “eficiente”, según el redactado del informe. Pero, ¿es más eficiente la gestión privada que la gestión pública? Para apoyar su teoría, el gobierno de la Comunidad de Madrid asegura que los hospitales de gestión mixta gastan una media de 600 euros por paciente y año (sí, la cifra es redonda), mientras que el gasto en el caso de una privatización total sería de 441 euros. ¿De dónde salen estas cifras?

Según el informe de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), los 600 euros no se corresponden con el gasto real de hospitales del mismo tipo que funcionan bajo gestión pública. Además, denuncian que los 441 euros surgen directamente de las ofertas de las empresas que se postulan para la concesión y que, en realidad, el gasto aumentará con la privatización de esos seis hospitales. Unos y otros utilizan cifras muy distintas, porque incluyen en el gasto diferentes baremos. Pero, de hecho, el presupuesto de 2013 de la Comunidad de Madrid ya ha aumentado por culpa de la privatización de estos centros sanitarios, como denunció UPyD en la Asamblea de Madrid.

La sanidad no es el único ámbito en el que ciudadanos, organizaciones o partidos de la oposición ponen en duda la eficiencia de los contratos con empresas privadas. De hecho, la concesión del metro ligero de Madrid fue objeto de polémica hace sólo unos días por el pago a la empresa concesionaria de millones de euros en concepto de viajeros que no utilizaron el servicio. En uno y otro caso el problema es el mismo: la falta de transparencia y de acceso a información fiable no permite debatir con los datos sobre la mesa. Al menos por el momento. Puede que, como en Escocia, la respuesta llegue demasiado tarde.

 

I: CÓMO EVITAR EL CIERRE DE ESCUELAS RURALES GRACIAS A LOS DATOS

¿Cuántas decisiones toman nuestros gobernantes cada día? ¿Cuántas de ellas están basadas en análisis razonados y fieles a la realidad? ¿Cuántas, en cambio, se fundamentan en meras suposiciones o corazonadas? En España es imposible saberlo. Si un concejal dicta una norma basándose en un análisis previo, ese informe sólo se hace público en contadísimas ocasiones.  Ni siquiera el redactado actual de la Ley de Transparencia y Buen Gobierno, en trámite parlamentario, supone una mejora en este sentido, ya que no incluye entre los documentos susceptibles de ser analizados los informes y borradores previos a la toma de decisiones.

Bajo la Freedom Of Information Law los ciudadanos escoceses sí pueden reclamar esos informes y, lo que es mejor aún, deben recibir una respuesta -excepto en casos muy excepcionales-. Con el respaldo de la ley y gracias a su insistencia, un grupo de padres y profesores consiguió paralizar el cierre de 60 escuelas rurales. Este caso, tal y como lo narra quien fue comisionado para el acceso a la información de 2003 a 2012, Kevin Dunion, es una de las muchas pruebas concretas de la eficacia de la norma para conseguir mejoras en la comunidad.

En 2005, la Scottish Rural Schools Network (SRSN) arrancó una campaña contra la clausura de 60 escuelas rurales y pidió a las autoridades información sobre la población escolar de las zonas afectadas, la capacidad de los centros, la distancia que tendrían que recorrer los niños tras el cierre y el ahorro real que supondría para las administraciones públicas. Con los datos en la mano, la SRSN elaboró un informe alternativo en el que demostró que los cálculos oficiales eran erróneos y los cierres estaban injustificados. El gobierno escocés creó una comisión independiente para estudiar el asunto e impuso una moratoria en los cierres hasta conocer los resultados de la comisión.

Padres y profesores consiguieron frenar una decisión que les afectaba directamente pero, además, ayudaron a mejorar la transparencia de las administraciones públicas a largo plazo: a partir de entonces es obligatorio que cualquier plan de clausura de servicios públicos cuente con un estudio razonado y público que argumente la decisión, además de un proceso de consulta previo.

La victoria de la SRSN no habría sido posible sin el acceso a los datos y sin la ley que avalaba sus peticiones de acceso a la información. En España la situación es bien distinta: ¿dónde están los documentos que justifican el cierre de escuelas y ambulatorios en los pueblos? En junio de 2012, Castilla La Mancha anunciaba el cierre de unas 60 escuelas rurales. No son las únicas, también se han clausurado centros escolares en Galicia o Valencia, entre otras zonas. De hecho, las comunidades autónomas han ido elevando en los últimos años el ratio de alumnos necesarios para mantener un centro abierto. Un portavoz de Castilla La Mancha llegó a afirmar que los cierres se fundamentaban en una cuestión de calidad y no de dinero, pero nunca mostró informes o estudios que apoyaran su tesis de que la educación era de mejor calidad en los grandes colegios de las ciudades que en las pequeñas escuelas rurales.

Un caso similar se vivió con el cierre de las urgencias nocturnas en varios pueblos y ciudades de Catalunya, primero; y Castilla La Mancha, poco después, entre otras comunidades autónomas. El gobierno de María Dolores de Cospedal decretó la clausura de 21 puntos que ofrecían atención sanitaria durante la noche en distintos pueblos de Castilla La Mancha. Ante las protestas y, sobre todo, las resoluciones judiciales que tumbaron la decisión, el gobierno manchego tuvo que dar marcha atrás. Eso sí, ya ha anunciado que prepara un nuevo plan de cierres.

Durante el debate sobre el cierre de los ambulatorios, el ejecutivo autonómico aseguró que los pacientes afectados sólo deberían desplazarse unos kilómetros para ser atendidos en otro centro. Nunca mostró de dónde sacó esos datos. Una comprobación práctica demostró que esos pocos kilómetros rondaban los 40 y que el recorrido podía llegar a durar más de 40 minutos.

Con los datos en la mano, los numerosos ciudadanos que han protestado contra estas decisiones en España podrían intentar demostrar, como pasó en Escocia, si los gobiernos se equivocan al decretar todos estos cierres. Pero España no es Escocia.

El copago, el viraje hacia una gestión privada de la salud, la sostenibilidad del sistema sanitario, las competencias autonómicas,… El estado de la Sanidad en España preocupa y la información que trasladan los medios resulta con frecuencia contradictoria. Un chequeo de las respuestas obtenidas a través de Tuderechoasaber.es nos lleva directamente a la dolencia: las administraciones con competencias sobre el sistema de salud no están satisfaciendo las necesidades de información directa de los ciudadanos.

Entra dentro de toda normalidad que usted quiera contrastar por sí mismo los datos que respaldan una afirmación tajante como “El gasto en Sanidad se duplica desde que se transfirió a las CCAA. Tras la entrega de la sanidad a las comunidades autónomas en 2002, los españoles pagamos 50.265 millones más al año por este concepto”. En abril de 2012 Luis se dirigió al Ministerio de Sanidad preguntando sobre esta cuestión. “¿Qué parte de este sobrecoste se debe al capítulo de “Personal”? ¿Y a la “designación de cargos de responsabilidad?” Sus pesquisas se toparon con el silencio administrativo y un año después no ha recibido respuesta.

Quizá el 20 de abril de 2012 sintonizase usted la rueda de prensa de Ana Mato, ministra de Sanidad, y escuchase que “700.000 extranjeros usaron indebidamente servicios 
sanitarios en 2009”. Puede  que le intrigase el dato sobre el que se apoya esa afirmación. Antonio decidió preguntar al propio ministerio sobre el uso de servicios sanitarios en España por parte de extranjeros. El Gabinete Técnico Secretaría General de Sanidad le contestó que el dato procedía del “ Informe de Fiscalización de la Gestión de las
Prestaciones de Asistencia Sanitaria derivadas de la aplicación de los
Reglamentos Comunitarios y Convenios Internacionales de la Seguridad
 Social, aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas en su sesión del día 
29 de marzo de 2012”. No le facilitaron ningún enlace pero pudo consultar dicho informe en la web del Tribunal de Cuentas. Su lectura permite hacer unas cuantas precisiones sobre las cifras mencionadas.

 

Si existen datos que justifiquen la privatización parcial del sistema de salud, las administraciones no los usan para tranquilizar a los ciudadanos. Danielle solicitó a la Comunidad de Madrid los “estudios, documentos o evaluaciones
 previas” en que se basa la medida número 1 del “Plan de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid”, que contempla la “externalización de la actividad
 sanitaria en 6 hospitales, utilizando el modelo de concesión“.
 El plan señala:

 “Se ha comprobado que el modelo de concesión es más eficiente, da buenos 
resultados clínicos y alta satisfacción a los pacientes. 
De media, el coste total de la asistencia sanitaria especializada de la 
población de los hospitales de gestión mixta es de unos 600 euros por
 habitante, mientras que en los hospitales con modelo capitativo más
recientes, este coste medio anual es de 441 euros”.



Danielle no pudo obtener la información que requería para contrastar los datos. Algunas informaciones señalaron que este cálculo estaba inflado: “en febrero de 2011, el consejero Javier Fernández Lasquetty situaba ese coste per capita en 428 euros. Un salto de 128 euros y un 40% en los hospitales mixtos en algo más de un año hasta en un 40%.”

A escala autonómica, la falta de respuesta es similar. Teresa Villodres escribió a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía para conocer qué tipo de gestión específica –pública o privada- tienen los hospitales andaluces y, en caso de ser privados, qué empresas los gestionan. Tras dirigir a Teresa a dos enlaces que no aportaban ninguna respuesta, la Consejería lamentó no disponer de la información, recomendando “dirigirse a otros organismos competentes, en este caso al área de prensa”.

Tampoco la Consellería de Sanidad de la Comunidad Valenciana contestó a un ciudadano que en mayo de 2012 quiso conocer detalles sobre la implantación de un modelo mixto de gestión sanitaria público/privada en Valencia.

 

 

Hace pocos días que arrancó en Francia el macrojuicio contra el fabricante de las prótesis mamarias PIP, que usó un gel no homologado cuyas consecuencias –infecciones, roturas, dolores,…- pueden afectar a 18.500 españolas, según estimaciones de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) citadas por El País. El 4,2% de ellas, operadas en la sanidad pública. 

Una ciudadana se dirigió al Ministerio de Sanidad para conocer quién es el responsable de la homologación de las prótesis de pecho fraudulentas PIP para el mercado español.  La 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) ofreció una completa respuesta explicando que, debido a la regulación europea armonizada, la certificación de estas prótesis la otorgó un organismo designado por la autoridades alemanas:

“Los productos sanitarios, por tanto, no están sometidos a evaluación ni autorización de comercialización por las autoridades sanitarias nacionales de los diferentes Estados Miembros y circulan libremente en el territorio comunitario siempre que vayan provistos del marcado CE. Los Estados Miembros no pueden impedir en su territorio, la comercialización ni la puesta en servicio de los productos que ostentan el marcado CE, a menos que se demuestre que presentan riesgos para la salud. Esto fue lo que ocurrió en el momento en que las autoridades francesas comunicaron al resto de países los problemas con estas prótesis”. (Leer el resto de la respuesta).

Hoy conocemos que España pronto contará con un registro de prótesis y otro tipo de productos sanitarios sensibles que facilitará el control de esta clase de incidencias.

En primer lugar porque los estándares internacionales, entre otros el Convenio del Consejo de Europa sobre Access a Documentos Públicos, establecen que para solicitar información solo habrá que indicar la información que sea necesaria para poder contestar a la solicitud, y cuando se habla de identificación se pide simplemente un nombre para poder dirigirse al solicitante.

En el caso de los formularios, la gran mayoría exige mucha información, incluyendo el DNI. El peor de los ejemplos es sin duda Navarra que para solicitar información por vía electrónica exige un DNIe o certificado digital para acceder y a continuación datos como la dirección postal, el teléfono y el DNI. Esto es una interpretación muy extrema del artículo de la ley que indica que el solicitante debe identificarse y que va en contra de los estándares internacionales de acceso a la información (ver post sobre Navarra en tuderechoasaber.es).

En segundo lugar porque solicitar información debería ser algo rápido y sencillo, y todo trámite que se añada en el proceso de solicitud es un obstáculo innecesario que hace que mucha gente no realice sus solicitudes, haciendo así que la ley de transparencia pierda su eficacia. Tener que introducir todos los datos, sobre todo un el número de DNI, frena a mucha gente a la hora de solicitar información.

En tercer lugar porque el email es el medio de comunicación que usamos todos en nuestro día a día para comunicarnos, en nuestras relaciones laborales o personales. La administración debe adaptase a los nuevos medios. Por último, uno de los lemas de las políticas de gobierno abierto es que la administración tiene que estar donde estén los ciudadanos. Los ciudadanos usan el correo electrónico para comunicarse; los formularios en cambio distancian a la administración de los ciudadanos, al no saber éstos a quién se están dirigiendo, ni quién es la persona encargada de su solicitud, ambos también objetivos de las políticas de gobierno abierto que España y muchos otros países dicen estar implementando.

 

 

La Comunidad de Madrid remite a un formulario, a un escrito y pide conocer para qué se pide una información sobre la ejecución presupuestaria del servicio madrileño de Salud. Todo trabas.

El Gobierno de Cantabria reclama identificación electrónica a un ciudadano que pide una copia del contrato público con una empresa para gestionar la incineradora.

 

Hemos realizado una encuesta en FOIAnet, la red mundial de expertos de acceso a la información, y hemos conocido la realidad en 13 países, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Estados Unidos, Georgia, Hungría, Italia, Jordania, Reino Unido, Rumanía, Ucrania y Uruguay. De esos 13 países solo 4 obligan a los solicitantes a enviar sus solicitudes vía formulario, Brasil, Chile, Georgia y Uruguay. Georgia ya ha aprobado una ley para poder enviar solicitudes vía email que entrará en vigor el 1 de septiembre de 2013.

Al preguntarles a expertos de estos y del resto de países todos se manifiestan claramente en contra del uso de formularios por diversas razones:

• Porque los formularios obligan a incluir información innecesaria.
• Porque antes de que la ley impusiera el uso de formularios, solicitar información era más sencillo.
• Porque no se puede hacer un seguimiento ni responder a la persona responsable.
• Porque en cualquier caso en aras de un mejor reconocimiento del derecho de acceso a la información lo mejor sería tener el mayor número de opciones para realizar solicitudes.

España está en estos momentos debatiendo su ley de transparencia, entre todas las recomendaciones para conseguir una ley eficiente y moderna, añadimos la de no usar formularios que exijan información innecesaria.

El Senado ha respondido a una petición de información formulada el pasado 25 de marzo, en el que Luis A. Morales reclamaba la declaración de actividades de Luis Bárcenas, ya que el extesorero del PP fue senador en la IX legislatura hasta el 19 de abril de 2010, cuando renunció al escaño tras el levantamiento del secreto de sumario en la trama madrileña del caso Gürtel en la que estaba implicado. Eso sí, la cámara ha respondido para negarse a facilitar esa información de forma pública.

El único camino posible para acceder a la declaración de Bárcenas -en la que deberían figurar sus responsabilidades empresariales y públicas previas y simultáneas al ejercicio de su cargo- es a través de un proceso lleno de trabas que culmina en lo que se conoce como un “procedimiento de exhibición personal”. El interesado debe razonar su interés en conocer estos datos -una norma totalmente contraria a los estándares internacionales de derecho de acceso a la información, que insisten en que no debe ser necesario argumentar la razón de la petición- y, si la Mesa del Senado lo autoriza, podrá ver el documento ante la presencia de un funcionario y tomar notas, pero nunca realizar fotocopias o imágenes, por ejemplo.

Este sería el procedimiento a seguir para cualquier ciudadano interesado en conocer la declaración de actividades de un senador o diputado que ya no esté en activo, ya que la página web del Senado sí recoge los documentos relativos a los representantes públicos durante su mandato. Una vez finalizada la legislatura, desaparecen y son sustituidos por los nuevos ocupantes de los escaños de ambas cámaras.

La Dirección de Asistencia Técnica-Parlamentaria del Senado se acoge al apartado 4 de un acuerdo de las mesas de ambas cámaras fechado en 2009 en el que se fijó que, una vez finalizado su mandato, los registros de actividades de diputados y senadores dejan de ser públicos. Además, la respuesta de este organismo añade que tampoco puede facilitar la declaración de bienes de Bárcenas, ya que este tipo de documentos se publican sólo desde el 22 de julio de 2011 y el de el ex senador es anterior a esa fecha.

Además de revelar la falta de transparencia del Gobierno, llegando al extremo de ocultar documentos que fueron públicos con anterioridad, esta solicitud de información revela otro problema de las administraciones públicas españolas con respecto al acceso a la información: la arbitrariedad. Mientras no exista una Ley de Transparencia que exija a todos los organismos dar respuesta a estas peticiones, recibir una contestación o no dependerá, en mucho, del funcionario encargado de la gestión. La muestra es que otra solicitud de información exactamente igual a la de Luis A. Morales, formulada por David Cabo el 31 de enero de este año, sigue pendiente de respuesta.

En algunos casos, organizaciones o grupos de personas se alían para intentar acceder a una información. Otras, un sólo ciudadano es capaz de emprender su lucha particular. Estas son nuestras campañas.

El Ministerio de Defensa ha respondido a una petición de información registrada el pasado 2 de marzo en Tu Derecho a Saber en la que una ciudadana, Paloma Mingo, preguntaba sobre la adjudicación de un contrato público a Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández. En concreto, quería saber si dicha empresa tenía deudas con la Seguridad Social, tal y como publicaron algunos medios en enero, lo que habría impedido la adjudicación.  Según el departamento dirigido por Pedro Morenés, la sociedad del vicepresidente de la CEOE aportó “la documentación acreditativa de hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social” justo antes de la adjudicación del contrato público.

Así, como indica la respuesta de Defensa, en la tramitación de la licitación se dio cumplimiento al requerimiento efectuado por el órgano de contratación, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas, al amparo del artículo 151.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que marca la obligatoriedad de demostrar estar al corriente en las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social para poder resultar adjudicatario de un contrato público.

Poco después de que se hicieran públicas las deudas del empresario, el BOE publicó la formalización de un contrato para el servicio de hostelería en la Residencia Jorge Juan de Alicante, dependiente del Ministerio de Defensa. En total, el montante para esta adjudicación sumaba 3.643.200 euros. Pocos días después de que se hiciera público, Paloma Mingo preguntó por este asunto al Ministerio, que ahora ha respondido. La razón más plausible de que apareciera con los pagos al corriente es que pactara un aplazamiento de pagos con el organismo, como apuntó eldiario.es.

Muchos se preguntaron entonces cómo era posible que recibiera el contrato. Paloma Mingo lo preguntó. Y ahora ha obtenido una respuesta.

El 11 de marzo entró en vigor la ley de acceso a la información de Ruanda con su publicación en el boletín oficial del país africano. Aunque no es una norma perfecta (“no establece de forma clara las medidas de recurso y de sanción”, por ejemplo, como destaca Victoria Anderica, investigadora Legal y Coordinadora de Campañas de Access Info), no sólo ha adelantado a la ley de transparencia española, sino que supera por goleada al redactado del proyecto de ley que se está tramitando en el Congreso.

 

La primera de las muchas diferencias entre ambos textos está en el ámbito de aplicación. ¿Qué organismos públicos están obligados a cumplir los preceptos de transparencia que marque la ley?

En el caso español: la Administración General del Estado, comunidades autónomas, administración local, agencias y entidades públicas, fundaciones y sociedades mercantiles con capital social cuya participación pública supere el 50%. El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, así como el Consejo de Estado, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas, el Consejo Económico y Social y las instituciones autonómicas análogas sólo serán objeto de esta ley en relación con sus actividades sujetas a Derecho administrativo. Este baremo deja fuera, como se denunció en la campaña que lanzaron en enero Access Info y Civio, a los partidos políticos, así como a sindicatos, organizaciones empresariales o la Casa Real, entre otros.

¿Y en Ruanda? Su recién estrenada ley es mucho más simple: afecta a todas las instituciones públicas establecidas en la Constitución o financiadas con dinero público. Sí, todas. 0-1 para Ruanda.

 

Los ruandeses, además, han llevado su norma más allá del ámbito estrictamente público. Deberán responder a las peticiones de información los organismos privados cuyas actividades estén relacionadas con “el interés público, los derechos humanos o las libertades”. (“Private organs to which this Law applies are those whose activities are in connection with public interest, human rights and freedoms”). “Esto es un gran avance con respecto a la leyes existentes, es ser pionero en un asunto que afecta a todos los países por igual y establece una buena práctica que esperemos sea replicada”, argumenta Anderica. En España, por el momento, de eso ni hablamos. 0-2.

 

Una de las carencias más criticadas del actual redactado de ley de transparencia es su artículo 15, que señala que no se admitirán peticiones de información “que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos o entre órganos o entidades administrativas”. Es decir, excluye de la ley buena parte de los materiales con los que trabajan las administraciones para la toma de decisiones o el redactado de textos normativos.

En la nueva ley de Ruanda, es información susceptible de ser reclamada por la ciudadanía, además de la relativa a hechos ya probados, la relacionada con decisiones, los informes en los que se basan, las asesorías, las notas vinculadas y, en general, todos los datos que tienen que ver con el proceso de toma de decisiones de las administraciones públicas. 0-3.

La lista de excepciones al derecho de acceso la información es bien distinta en cada uno de los casos. En España, además de la estricta ley de protección de datos, una solicitud de información puede verse frenada por seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, propiedad intelectual, seguridad pública, en casos de procesos judiciales, intereses económicos y comerciales (en general, sin especificar en el redactado), la política económica y monetaria o “la garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión”, entre otros. Los ‘no’ de Ruanda son menos numerosos y, sobre todo, mucho menos amplios: se podrá denegar una petición en procesos judiciales, si impide la aplicación de la ley o la justicia,  si puede desestabilizar la seguridad nacional, en el caso de que viole la propiedad intelectual o para defender la privacidad. Eso sí, aclara que esa privacidad pasará a un segundo plano si la información requerida es de interés público. Y, ¿qué significa interés publico? Además de todos aquellos asuntos que afecten de manera directa a la ciudadanía, incluye aquella información que sea capaz de promover un debate público consistente (“promote founded public debate”). La ley española, en cambio, no concreta el ámbito del interés público.

La recién estrenada ley de acceso a la información de Ruanda se basa, además de en su propia Constitución, en el artículo 19 de la declaración universal de los Derechos Humanos, que vincula la libertad de expresión con el derecho a recibir información. El proyecto a debate en el Congreso alude, en exclusiva, en la Constitución Española.

 

El miércoles 13 de marzo de 2013 las organizaciones Access Info Europe, Civio y Qué Hacen los Diputados lanzaron una campaña de Twitter con el objetivo de conseguir información sobre el estado del proyecto de ley de transparencia. La norma se encuentra en tramitación desde hace más de siete meses en el Congreso y apenas existe información sobre la misma. Desde Access Info, Civio y Qué Hacen pedimos que la Comisión Constitucional publique un calendario detallado de los siguientes pasos, ya que la ciudadanía sigue sin tener información clara sobre el futuro de la ley de transparencia.

 De hecho, dos días después del arranque de la campaña se conocieron los nombres de los participantes en la próxima ronda de comparecencias, programada para el miércoles 20 de marzo. El director de Civio, David Cabo, fue invitado a participar el viernes 15 de marzo. El aviso, con tan poca antelación, no ha permitido a Cabo asistir al Parlamento ya que estará participando en el Freedom of Information Symposium que tiene lugar en Río de Janeiro.

 Aunque a las comparecencias asistirá una de las miembros de la Coalición Pro Acceso, Elisa de la Nuez, el Congreso no ha convocado a la propia Coalición Pro Acceso, formada por más de 65 organizaciones, que en caso de ser convocada eligiría democráticamente quién le representaría. Creemos imprescindible que las expertas con más experiencia en la materia, como Helen Darbishire, directora de Access Info Europe (propuesta por dos grupos parlamentarios) y Victoria Anderica, coordinadora de campañas de la misma organización (propuesta con los votos de tres grupos) hagan sus aportaciones a la Ley de Transparencia.

Esta es la información que debería ser publicada para asegurar una verdadera transparencia en la tramitación de esta y de cualquier ley que esté siendo debatida en el Congreso:

• El calendario con las fechas de las comparecencias de expertos pendientes de celebrarse y las fechas de las votaciones.
• La lista de los expertos que van a comparecer en el Congreso.
• La publicación de las enmiendas de los grupos parlamentarios.

 

 

La iniciativa consistió en movilizar a los usuarios de Twitter para preguntar directamente al Congreso (@Congreso_es) y a los diputados “¿Dónde está la Ley de Transparencia?”, usando el hashtag #PreguntaCongreso. Desde el miércoles y hasta el viernes, casi 6.000 tuits incluyeron la etiqueta de la campaña, según datos extraídos con Hootsuite.

De los 350 diputados que hay en el Congreso, sólo tres se pronunciaron a través de Twitter. Joan Josep Nuet, de ICV-EUiA, prometió que daría los nombres de los próximos comparecientes y lo tuiteó cuando se publicaron en la agenda del Congreso. El diputado de AMAIUR, Rafael Larreina contestó que su grupo ha presentado enmienda a la totalidad del proyecto, además de informar de que: “Acabó plazo de enmiendas de totalidad, ahora habrá que debatirlas en Comisión”.

Al hilo de esta afirmación, Larreina ha publicado un artículo en Sesión de control titulado “Opaca transparencia” en el que profundiza en su crítica del texto actual y reclama una severa revisión del proyecto. Pedro Quevedo, diputado por Nueva Canarias, respondió: “Si la Ley, como me temo, es un enjuague, no la apoyaré”.

 

La 2 Noticias informó sobre la campaña #PreguntaCongreso y profundizó en la labor por la transparencia que realizan organizaciones ciudadanas como Access Info Europe, la Fundación Civio y Graba Tu Pleno. Vídeo (a partir del miin.12.28): http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-2-noticias/2-noticias-13-03-13/1719560/.

 Periodismo Ciudadano (¿Qué pasó con la Ley de Transparencia en España?)

 El Confidencial (Lanzan una campaña en Twitter para saber “dónde está la Ley de Transparencia”)

 Infolibre (Una iniciativa popular pide a través de Twitter conocer el estado de la futura Ley de Transparencia)

 Terra (Lanzan una campaña en Twitter para saber “dónde está la Ley de Transparencia”)

 

Periodistas como Ana Pastor (CNN), Juan Luis Sánchez (eldiario.es) y Borja Bergareche (ABC) también tuitearon su pregunta al Congreso. Otros, como María Fabra (El País) y Daniel Montero (Interviú) animaron a los diputados a poner en práctica los valores de la transparencia.

 Personas con notoria visibilidad en la redes sociales, como Antoni Gutiérrez Rubí, Javier de la Cueva o Stéphane Grueso, o empresas periodísticas como Información Sensible o Media 140.

Organizaciones como la Asociación de la Prensa de Madrid, Amnistía Internacional, APRI (asociación que representa al colectivo de lobbistas de España), EQUO Cadiz, Red Equo Joven, EQUO Madrid, la plataforma Goteo, Graba tu pleno, CIECODE y Proyecto Avizor, Cibervoluntarios, Cuentas Claras, la Confederación de Consumidores y Usuarios-CECU, Govern Obert, Democracia Real YA, ColaBoraBora, el Observatorio RSC, el Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, el Partido Pirata de Madrid, Platoniq entre otras.

 Además, Change.org envió un correo electrónico a las más de 175.000 personas que habían pedido que se incluyera a los partidos políticos en la futura Ley de Transparencia, invitando a que quien lo deseara enviara un tuit.